Mario Godoy revisa las calificaciones de méritos del concurso de la Corte

El concurso para renovar la Corte Nacional duerme el sueño de los justos. Este 28 de octubre de 2024, el pleno del Consejo de la Judicatura tenía la oportunidad de dar luz verde y avanzar el proceso, pero su presidente Mario Godoy decidió congelarlo un poco más.

El motivo fue una denuncia presentada por la postulante Mayté Lucía Benítez Chiriboga, una antigua abogada de Odebrecht y cuyo nombre aparece en el caso Pantalla, pues según la fiscal del caso, Ruth Amoroso, ella se inscribió en el concurso de 2023, de Wilman Terán, “pese a que su postulación finalizó fuera del horario establecido’’.

Benítez, quien volvió a postularse en 2024, denuncia que en el actual concurso se han cometido irregularidades en la calificación de méritos de varios postulantes que buscan una plaza en la Sala de Derecho Tributario, es decir sus directos rivales. Benítez afirma que sus colegas Stalin Javier Lucas Baque, Claudia Helena Salgado Levy y Camila Moreno Subía recibieron puntajes superiores a los que debían. 

Ante esto, el 4 de octubre pasado, la Dirección Nacional de Talento Humano, cuyo titular encargado es Carlos Fernando Parra Toazo, ex coordinador de Talento Humano de la Asamblea en el tiempo de Virgilio Saquicela, y el director General encargado, Jorge Mauricio Maruri Vecilla, ambos puestos en la administración de Godoy, ordenaron la elaboración de un informe sobre los casos que cita Benítez.

En el pleno, estas direcciones presentaron el resultado y dijeron que hay “novedades en la validación, calificación y recalificación realizada por el Comité de Expertos”.

Ante esto Godoy propuso no conocer los otros puntos del orden del día que justamente buscaban avanzar el concurso: reformar el cronograma y analizar la metodología para la fase del examen de confianza.

Las posturas en el pleno se dividieron. Godoy y el vocal Merk Benavides apoyaron el no avanzar el concurso hasta resolver la denuncia. Las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, querían avanzar el proceso. pues la Corte Nacional necesita con urgencia nuevos jueces. Esta última, por empleo, explicó que una organización internacional ayudó en la metodología de las pruebas de confianza y que se debía tratar el informe pues el tema es independiente de la denuncia.

Godoy tuvo la necesidad de aclarar que nunca había conocido a la denunciante y que su motivación era solamente la transparencia. Mientras que Goyes, resaltó que la fase de méritos estaba precluida y que se debía cuidar de no ser inducidos a un error. "¿Sobre qué norma están haciendo la revisión de la calificación? Me parece gravísimo. Tan grave que digo: ¿no nos está induciendo a algo la señora Benítez, que está nombrada en el caso Pantalla? (...) Revisemos quiénes están siendo los equipos que están haciendo la revisión de calificación, porque tengo entendido que parte del quienes están haciendo estas revisiones de calificaciones  estuvieron en el concurso que estuvo denunciado y que ahora es parte de los elementos del caso Pantalla”.

Godoy insistió con su postura invocando la transparencia. “Es muy importante tomar en cuenta lo que el área técnica hoy expuso que en una fase precluida de méritos, existe, aparentemente puntos que se han agregados en campos que no debían ser agregados ¿Qué genera esto? Una ventaja sobre otro postulante”, insistió Godoy. 

Una denuncia abrió otros pedidos

Godoy quiso aprovechar la denuncia  de Benitez para disponer, sin ningún sustento, un análisis jurídico del reglamento del concurso. “No está en discusión el reglamento, sino la denuncia”, dijo Yupangui, quien impidió que este punto se incluya. También Godoy quiso que la Dirección de Transparencia comience una investigación, pero las vocales se opusieron.

Al final del debate, el resultado fue que la Judicatura revisará “aleatoriamente” las calificaciones de la fase de méritos de algunos postulantes y determinará qué metodología se usó para seleccionar al comité de expertos. Los informes se presentarán el 8 de noviembre y, si no aparece otra denuncia, se analizará la continuidad del concurso.

¿Cuál es el sustento legal para revisar las calificaciones?

Hasta ahora, el Consejo de la Judicatura había evitado revisar calificaciones, como ha ocurrido en los anteriores concursos. Solanda Goyes indicó que el pleno no tenía la facultad para revisar las calificaciones de una fase precluida y que la vía debe ser legal, toda vez que la denunciante tiene una acción de protección contra la Judicatura. Pero Godoy explicó, cómo argumento, que se debía responder a la denunciante. El director Jurídico aseguró que esta revisión de calificaciones se hacía sobre la base del artículo 66, numeral 23 de la Constitución que señala “el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.

También citó los artículos 27 y 10, numeral 17, del reglamento del concurso para la Corte Nacional. Que hablan de que en una fase recluida ya no caben las reconsideraciones. “¿Bajo qué argumento se hace esto? La norma no dice eso, dice otra cosa. El artículo 10, numeral 17, dice que la facultad del director general es poner en conocimiento del Pleno los informes de las fases precluidas. Esos informes ya se presentaron, ya se conocieron, ya se resolvieron.  ¡Cuidado hagamos una interpretación extensiva porque esa fase ya está precluida!”, advirtió Goyes, sin que el presidente la escuchara. 

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