Medicina ancestral, a discusión en el diálogo
Se instaló la mesa de salud entre el Gobierno y la dirigencia indígena z El plazo para firmar actas culmina el 12 de octubre.
En la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se instaló ayer la mesa de Salud Intercultural y Salud Pública entre el Gobierno y la dirigencia indígena. Se trata de una de las tres mesas técnicas que restan de empezar su trabajo para firmar un acuerdo el próximo 12 de octubre, fecha en la que vencen los 90 días plazos del diálogo entre ambos sectores.
Entre la propuesta de los líderes indígenas consta que el Gobierno reconozca e institucionalice la medicina ancestral y a quienes la aplican. Así también se pide al Ejecutivo que se realice de manera efectiva un plan de inversión en salud intercultural.
“Desde el Estado se debe entender nuestros medicamentos que provienen de las plantas. Quisiéramos que desde el ministerio no sea entendido como algo sencillo, algo folclórico, sino que se institucionalice. Que nuestros compañeros que son médicos ancestrales sean reconocidos”, explicó Luis Mullo, dirigente de la Fenocin.
En esta mesa, en representación del Ejecutivo, participan delegados de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Finanzas y Ministerio del Trabajo, quienes escucharon los argumentos de las propuestas indígenas y deberá en otro encuentro presentar respuestas a los pedidos.
Así también se plantea el cumplimiento del Gobierno para el abastecimiento de medicamentos a los centros médicos y hospitales de la red pública y del IESS. Además, se pide la aplicación de programa de salud para enfermedades primarias en las comunidades.
Entre tanto, en la mesa de Seguridad, Justicia y Derechos se llegó a acuerdo entre ambos grupos como la participación indígena en la elaboración de políticas públicas para la seguridad, una comisión técnica que revisará el reglamento de Rehabilitación Social, entre otros. Temas que para la dirigencia indígena son “simples”. Esto, toda vez que, el Gobierno rechazó la propuesta de reparación integral para las víctimas que dejaron las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022.
