Médicos posgradistas piden la intervención de la Asamblea

Con un mandil en mano, la doctora Katherine Montenegro se presentó ante el Pleno de la Asamblea para reclamar por una beca que ganó como posgradista de Medicina y por la que lleva varios meses sin recibir un centavo. Acudió el 5 de septiembre de 2024, para contar su situación económica compleja, pues el Estado les adeuda.

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Su discurso atrajo la atención de los legisladores que, al inicio, la ignoraban. Ella supo cómo hacerlo. “Señor presidente, estoy aquí para que me escuche”, le repitió, y tanto Henry Kronfle, titular de la Asamblea como el resto del Pleno, dejaron de lado sus conversaciones. 

Horarios extenuantes, pero sin pagos

Contó que realizan guardias de más de 30 horas cada cuatro días y sumar más de 250 horas de labores en hospitales, con las mismas responsabilidades que un médico de contrato, pero sin recibir su manutención como beneficiaria de una beca.

Reveló que la situación de los posgradistas autofinanciados es peor: con iguales jornadas y las mismas responsabilidades no reciben pagos. Se trata de médicos profesionales que se especializán y trabajan gratis en instituciones públicas y privadas.

“Desde aquí debe salir la reforma en la que se comprometan en que los sueldos, la inversión en educación en salud sea puntual". Les recordó el trabajo en la pandemia.

La siguió Galo Uvidia, presidente de la Asociación de Médicos Posgradistas del Ecuador. Señaló que son llamados “mano de obra gratuita calificada en hospitales”. Para acceder a una beca, deben cumplir requisitos. Más de 100 médicos compiten por tres a 10 plazas de especialidad. 

Según contó, las universidades han duplicado y triplicado cupos para estudiar Medicina. “la norma nos dice que por cada 10.000 habitantes debe haber 23 médicos, en Ecuador en la página del Censo estamos por 40 a 43 médicos por cada 10.000”.

Laboran para el Estado sin afiliación

Contó que hay unos 2.900 posgradistas en el país. Un médico general tiene un sueldo promedio de USD 1.640, pero el Gobierno se ahorra mensualmente 4,7 millones con ellos y ni siquiera los afilia al IESS. Por eso pidió al Pleno se pregunte cómo se puede costear un promedio USD 40.000 y mantenerse junto a sus familias. No pueden trabajar por el tiempo y la prohibición del CES.

Esto y la presión de los estudios les ha causado afectaciones en la salud mental, dijo Uvidia, por lo que pidió que la Asamblea intervenga para mejorar su situación.

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