Tener una megacárcel de vecina libera la preocupación

A 60 kilómetros de Guayaquil, recorriendo la vía a la costa y luego un desvío de al menos 50 minutos por una carretera rodeada de inmensos campos verdes y sembríos de ciruela y maíz, está la parroquia Simón Bolívar, perteneciente a la provincia de Santa Elena. Ahí, entre pintorescas colinas que conforman seis comunas y seis recintos, habitan al menos 5.000 personas. Uno de estos pueblitos se llama Juntas del Pacífico, donde residen unos 2.200 del total de pobladores.

En este recinto el Gobierno del presidente Daniel Noboa creará una de los dos megacárceles de supermáxima seguridad, destinadas a resguardar a los más temibles criminales que se aprehendan a nivel nacional.

“Para todos fue una sorpresa que el presidente decidiera usar tierras de esta parroquia para construir una cárcel”, mencionó a EXPRESO Karina Balón Figueroa, presidenta del gobierno parroquial. Y es que con los días, la sorpresa ha pasado a preocupación para la mayoría de pobladores, que rechazan que la obra se vaya a construir tan cerca del poblado; pues la cárcel, que estaría a 30 minutos en carro desde las casas, según había mencionado el mandatario, en realidad está a menos de 15, sostienen los comuneros basándose en las coordenadas del proyecto.

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• Contexto

La cárcel se asentará en 300 hectáreas. El acceso al lugar desde el pueblo es rápido, aunque hay que sortear el lodo del estrecho camino, por el que a diario van y vienen a pie y en moto los trabajadores de los sembríos.

Según los diseños que aprobó el presidente Noboa sobre esta y la otra prisión que se levantará en la provincia de Pastaza, la megacárcel que según ha dicho estará en 10 meses, contará con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro y licencias y permisos ambientales.

Además, tendrá capacidad para 736 presos en tres módulos: uno de alta seguridad con 160 celdas (4 reos en cada una); otro de máxima seguridad con 32 celdas (dos reos por celda) y otra de súper máxima seguridad con 32 reos (uno por cada celda).

“Al inicio se decía que estaría en un lugar apartado. Sorpresa que, según el levantamiento planimétrico, va a estar a un kilómetro del pueblo. Significa que vamos a ser vecinos de los más peligrosos”, reclamó Adán Ramírez, vicepresidente de la comuna Juntas del Pacífico.

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“No estoy de acuerdo con ese proyecto, porque va a perjudicar a nuestro pueblo. Eso va a atraer delincuencia e inseguridad para nosotros que desde siempre hemos vivido en un lugar tranquilo”, manifestó Mariuxi Villón, otra moradora.

En el recorrido que realizó EXPRESO por los poblados de Juntas del Pacífico y de la comuna La Barranca de Julio Moreno, muy pocos dijeron estar a favor de la construcción de la cárcel. Y quienes apoyan la idea lo hacen únicamente con la ilusión de que aquello pueda traer nuevas fuentes de empleo. “Con la cárcel habrá más ingresos para el pueblo. Habrá más gente que compre en las tiendas y que venda”, señaló Bienvenido Salinas, otro campesino.

Pero además del temor por tener de vecina una prisión de esta categoría, los habitantes tienen otro gran descontento. Afirmaron que los terrenos donde se elevará el penal les pertenecen en casi su totalidad. Dicen que de las 300 hectáreas donde se asentará la obra, al menos 250 son de comuneros de la parroquia. “Según nos han dejado ver las coordenadas, la cárcel colindará con las comunas Bajada de Chanduy, Ciénega, Sacachún y Julio Moreno. Se están tomando territorio de los comuneros, por eso sería importante que las autoridades encargadas se acerquen aquí y hagan la socialización detallada del proyecto con nosotros”, mencionó Balón. Sin embargo, no han facilitado documentación a EXPRESO que certifique aquello.

Según las autoridades de la zona, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha hecho un levantamiento planimétrico donde realmente no están ubicadas las 300 hectáreas que son parte del Estado. Los comuneros dicen que conocieron estas coordenadas por una documentación que el Gobierno entregó al Municipio de Santa Elena y que ese cabildo les facilitó.

EXPRESO le consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sobre su respuesta ante la queja por estos terrenos, también por qué no ha socializado con la población de Simón Bolívar el proyecto y por qué una parte de la prisión estaría a 15 minutos del poblado. Se espera la respuesta.

Los comuneros de Simón Bolívar también aseguraron que, ante “la falta de claridad y de información desde el Gobierno”, han iniciado el trámite para presentar una medida cautelar para que la obra no arranque sin una socialización previa con ellos.

Este medio también consultó al Municipio de Santa Elena si conocía esta preocupación y si conoce a detalle y acepta el proyecto, pero desde el departamento de Comunicación se indicó que la alcaldesa María del Carmen Aquino prefería no pronunciarse por el momento sobre ello, “porque es un tema delicado”.

Aún los trabajos de construcción de la prisión no empiezan, pero lo que sí observan los moradores es la visita de técnicos que llegan a levantar información.

“No queremos tener algún impacto social para nuestra parroquia”, expresó Balón, quien añadió que les gustaría que el Ejecutivo también tome en cuenta la zona para suplir sus necesidades, antes de levantar la obra. “Parroquia que por años ha sido desatendida por los gobiernos de turnos. Padecemos de aislamiento en temporada invernal, hay lugares donde no se puede ingresar por las condiciones del terreno. No contamos con alcantarillado en ninguna de las comunidades, no tenemos agua tratada y queremos más seguridad en la vía”, destacó.

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