¿Intervenir los colegios es la solución?
Un año duró la intervención del Mejía de Quito, que el Ministerio dio por terminado en agosto de este 2024
En abril del 2023, la noticia del suicidio de Johana Balladares, estudiante de segundo de bachillerato, sacudió al Mejía. Y motivó a madres y padres de familia a revelar que sus hijos no se sentían seguros en el emblemático colegio de Quito. Meses después, el 7 de agosto, hace algo más de un año, empezó un proceso de intervención, que terminó hace unos días.
El Ministerio de Educación confirmó a EXPRESO que a través de la Resolución N.º MINEDUC-MINEDUC-2023-MBP-00001-R nombró a una interventora. Luego de un diagnóstico situacional se identificaron riesgos psicosociales por violencia física y psicológica, uso y consumo de drogas, intentos autolíticos y suicidios. Además, escaso control de lugares de ingreso y espacios institucionales; falta de acción oportuna por parte de docentes y autoridades y sensación de inseguridad de los estudiantes.
Desde mañana, 1,7 millones de estudiantes iniciarán el ciclo lectivo 2024-2025 en Sierra y Amazonía. Entre ellos, el Mejía, con 5.000 alumnos, en dos jornadas. La incertidumbre ronda en la comunidad educativa, que espera que sus hijos e hijas acudan a clases sin miedo. Cinco padres de familia de primaria y bachillerato hablaron con EXPRESO, pidieron que sus nombres se mantengan en reserva.
Luego de que Johana, quien integraba la banda de paz, se quitara la vida, salió a la luz lo que sufrió. Fue víctima de violencia verbal y física. El agresor, otro adolescente, la golpeó en la espalda y ella no pudo caminar más. Este marzo, un juez lo condenó a cuatro años de internamiento institucional. Ese caso hizo que el Ministerio interviniera el colegio.
Los padres recuerdan que antes de la llegada de la interventora, los alumnos debían salir al recreo con mochilas, para evitar robos. Les quitaban celulares y cuando se conminaba a quienes los hurtaban a devolverlos, estos lanzaban amenazas de muerte, relatan.
En las paredes de los baños y sobre pupitres se leían frases del tipo “Aquí están Los Lobos”, dijeron los padres.
En los pasillos y baños se vendían “pastillas rosadas y azules, polvo blanco y puntas en botellas de agua”. En ocasiones, “estudiantes salían del colegio sin poder mantenerse en pie”. “Profesores al mando de clubes hacían cobros indebidos”.
Los padres no se explican por qué se terminó el proceso de intervención, si en el Gobierno anterior les ofrecieron que se mantendría hasta que los riesgos terminen. Sus hijos empezaron a sentirse seguros en los últimos meses del ciclo pasado, incluso algunos que estaban en riesgo de perder el año se quedaron en supletorio, pero lo pasaron. Han hablado con los colegios Vicente Rocafuerte, de Guayaquil; Pedro Carbo, de Guaranda; Benigno Malo, de Cuenca. Sufren iguales problemas.
El Ministerio argumenta que la intervención tenía plazo de finalización. Se comprometen a mantener el colegio como un espacio seguro. En el ciclo 2022-2023, Consejería Estudiantil recogió 72 denuncias: 23 de violencia física (15 entre pares, dos de docentes y seis intrafamiliares); 30 psicológicas y 19 de connotación sexual. Mientras que con la vigilancia de la interventora, entre agosto 2023 y agosto 2024, más denuncias llegaron al DECE: 314 casos: 123 de violencia física (80 entre pares); 160 psicológica (70 entre pares y 10 docentes) y 31 de connotación sexual.
Tres expertos dicen lo que hay que hacer
Carla Álvarez, docente investigadora del IAEN, comenta que niños y adolescentes son un grupo poblacional muy vulnerable, no cuentan con herramientas psicológicas y de personalidad para sortear estas amenazas y son presa de la seducción y coerción de grupos organizados. Para disminuir los riesgos, señala que los colegios no deben seguir desatendidos, sin suficientes profesores y personal en el DECE. En espacios no controlados se produce venta de drogas. También señala que los padres, por la flexibilización laboral, trabajan más horas y los chicos tienen menos atención.
Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, cree que las intervenciones se deben sostener en el tiempo para lograr cambios en la cultura de violencia, que se ha mantenido por años en el Mejía, al permitir que inspectores golpeen a los alumnos con palos, maestras amarren a estudiantes y los obliguen a tomar teteros con ají. “Los distritos deben ser saneados, ya que terminan justificando a los docentes. Urge implementar programas contra la violencia escolar. Además, hoy el crimen organizado es un componente más”.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, señala que en los planteles crecen el microtráfico, el reclutamiento de chicos a causa de la pobreza y el sicariato contra jóvenes en zonas calientes. “El Ministerio debe cubrir el déficit de 9.000 psicólogos”.
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