Menores de edad en GDO: 3.086 detenidos por diversos crímenes en Ecuador

Cada vez es más común escuchar a la Policía de Ecuador informar sobre la detención de niños y adolescentes por delitos graves como secuestro, extorsión o asesinato, quienes pertenecen a organizaciones criminales que operan en el país.

Esta preocupante realidad se refleja en las cifras de la institución, que entre enero y mediados de octubre de este año arrestó a 3.086 menores de edad por diferentes crímenes, casi el doble que los 1.889 detenidos en el mismo período de 2023, y los 1.610 de 2022. En los últimos cuatro años, 8.201 menores fueron aprehendidos.

Según la Policía, el 63% de las detenciones de 2024 se concentran en las provincias de Guayas y Pichincha, las más densamente pobladas de Ecuador, con Guayaquil y Quito como sus capitales, además de las zonas costeras de El Oro, Los Ríos y Manabí, áreas clave para la operación de grupos delictivos, especialmente ligados al narcotráfico.

En un caso reciente, tres menores fueron arrestados en un barrio del norte de Guayaquil mientras intentaban secuestrar a un comerciante.

Los adolescentes estaban implicados en otros hechos de secuestro y asesinato y, según la Policía, pertenecían a los 'Chone Killers', una de las bandas catalogadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa tras la declaración de "conflicto armado interno" a principios de 2024.

Aunque la mayoría de las detenciones se realizan por tráfico de drogas, robo o porte de armas, la alarma crece en torno a delitos como extorsión, robo en centros de salud y escuelas, secuestro y terrorismo.

Sin acceso a la educación y "olvidados por el Estado

Para Katherine Herrera, académica y consultora política en seguridad pública, el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales es consecuencia del "abandono del Estado", ya que los niños y adolescentes, en su mayoría de sectores vulnerables y sin acceso a servicios básicos, se convierten en "blancos fáciles" para estas bandas. Al no asistir a la escuela ni a actividades que les ofrezcan un futuro diferente, se ven atraídos por la promesa de pertenencia.

"Estos jóvenes no se unen a estas organizaciones por dinero, sino buscando un sentido de pertenencia", afirmó Herrera, quien recientemente presentó una investigación sobre este fenómeno.

"Han sufrido violencia, ausencia parental y el tejido social de sus comunidades está roto. Las bandas del crimen organizado, muchas veces lideradas por otros menores, los reclutan ofreciéndoles apoyo, dinero para sus familias, promesas de una vida mejor y un cambio de estatus. Ellos sienten que finalmente tienen un lugar al que pertenecen", explicó.

Su investigación reveló que los menores ingresan al crimen cada vez más jóvenes, con edades que rondan entre los 9 y 10 años. De hecho, el 60% de los integrantes de estos grupos en las cuatro provincias estudiadas (Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas) son menores de edad.

"Todos los líderes barriales entrevistados confirmaron conocer a algún menor involucrado en actividades ilegales", detalló en su reporte.

Ganancias millonarias y bienes materiales

Herrera descubrió que los menores comienzan operando como "campaneros" (vigilantes) y luego ascienden a roles como "auxiliares", donde aprenden el funcionamiento del crimen hasta que finalmente cometen delitos.

Por estos crímenes, los menores pueden ganar entre 2.000 y 3.000 dólares cada tres meses, además de "bonos" por "trabajos especiales", ropa de marca, motocicletas y vehículos.

"También reciben tierras y propiedades como pago", explicó Max Campos, exviceministro del Interior y coronel retirado de la Policía.

Campos señaló que esta práctica es común en áreas como Durán, una de las ciudades más violentas de Ecuador y vecina de Guayaquil, donde las bandas criminales trafican terrenos. "Es la forma más efectiva de captar a una familia entera, no solo a los jóvenes", subrayó.

La necesidad de prevención

"Esta situación es tan grave que, sin una política de seguridad clara, nada cambiará", concluyó Campos.

El exfuncionario agregó que, durante su gestión entre 2021 y 2022, ya se había identificado la preocupación sobre el creciente involucramiento de menores en delitos, lo que llevó a la creación de proyectos a largo plazo, aunque no fueron implementados tras su salida.

"Por cada causa de reclutamiento, se pueden diseñar programas o proyectos. Lo esencial es que exista voluntad política y técnicos capacitados para ejecutarlos", concluyó.

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