El mensaje oficial colisiona con los hechos de violencia
La reserva de información, estrategia para mantener el discurso. Las medidas son evidencia de la falta de institucionalidad
En una mina del sector Santa Martha, perteneciente al cantón azuayo de Camilo Ponce Enríquez, se registró una nueva masacre que dejó cinco víctimas.
En la zona se han contabilizado tres masacres, que suman 18 fallecidos en menos de un mes. Por tal motivo, el cantón fue incluido en la última medida de seguridad adoptada por el Gobierno Nacional, que abarca una militarización y toque de queda.
La Policía Nacional expuso que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales y que, junto con el Bloque de Seguridad, están realizando investigaciones para “esclarecer las causas y capturar a los responsables del hecho”, según publicó en su cuenta de X, sin dar más detalles.
Para el director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon, el hecho forma parte de una nueva contradicción en el discurso oficial sobre la recuperación de la seguridad pública y ciudadana en Ecuador.
“La medida, al igual que los estados de excepción antes decretados en el país, es una respuesta a la desinstitucionalización de las entidades públicas y sus falencias en las responsabilidades, que se manifiestan en la respectiva ausencia del Estado. Además, no es efectiva porque forma parte de acciones dispersas en materia de seguridad y carece de una estrategia de seguridad coherente”.
Rivera Rhon recuerda que las masacres son una manifestación del poder de un grupo criminal en un sector. Estos actos responden a una nueva búsqueda de control territorial, dado que el “monopolio de la seguridad no lo tiene quien debería (el Estado)”.
El silencio una estrategia para no generar contenido en contra
En ese sentido, María Paula Romo, exministra de Gobierno, insta a las autoridades a dar a conocer los resultados tangibles del denominado Plan Fénix, para evidenciar la efectividad del trabajo realizado. “Las intervenciones puntuales (Manta o Durán) son como paños de agua fría para un paciente con enfermedad terminal”, debido a la falta de cifras y hechos demostrables en materia de seguridad.
“Por eso no dan números, porque se acaba el discurso y el video” que exponen en las redes sociales. “Es ilegal negar información de resultados”, enfatiza. “Solo puede tener reserva la información operativa" puntualizó la exfucionaria
Desde el OECO se sostiene el argumento de que al restringir la información, es más “fácil mantener el mensaje de que están haciendo las cosas bien y que sí se están logrando los resultados deseados”. Pero el problema, apunta, es que se mantienen en sigilo las metas que se busca lograr en Ecuador.
“Si no se genera contenido que desbarate la teoría que ellos exponen, con estadísticas, comparativos y hechos contundentes como las realidades violentas en Ecuador, seguirán con el discurso de que todo está bien. Por ello, es más fácil decir que no pueden dar información porque es reservada”.
Romo y Rivera Rhon coinciden en que sí hay una aparente calma en las cárceles del país y posiblemente una ligera reducción de las muertes violentas en ciertas zonas del Ecuador, pero eso no se debe a “esfuerzos institucionales” porque se ha evidenciado el incremento de asesinatos en otras zonas consideradas pacíficas y el problema se ha trasladado a otros territorios.
Por su parte, la politóloga Diana Buenaño hace énfasis en que no se puede manejar la crisis solo con narrativas. Estas deben ir acompañadas de acciones para establecer un indicador del cumplimiento de las promesas de campaña y ofrecimientos.
“Comunicar oportunamente es una de las mejores formas de rendir cuentas a los ciudadanos sobre la gestión. La ciudadanía también debe estar preparada para tener una expectativa de resultados de una propuesta planteada”, resalta
A su vez, hace un llamado a las autoridades a “tener cuidado con lo que se deja de comunicar”, ya que, en un contexto de violencia criminal, la necesidad ciudadana más importante es la respuesta sobre resultados, lo cual desencadena otras actividades como el desarrollo de la economía y del turismo.
Las medidas relacionadas a la seguridad que se han adoptado en el Gobierno de Daniel Noboa
