En Ecuador, el menú de las cárceles cae en una sola empresa
En tres contratos, la única compañía participante y, por ende, favorecida fue Lafattoria. Se mantiene como la proveedora
Concursos de contratación pública con un solo oferente fueron una constante. Más de 70.000 procesos bajo régimen común en los que solo participó un único oferente registró el Sistema de Nacional de Contratación Pública entre el 2016 y 2021. Un ejemplo de ello fueron los otros procesos de licitación de alto valor con la participación de un solo participante que llevó a cabo el antiguo Ministerio de Justicia para el servicio de alimentación para personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley, durante los años 2016 y 2018.
En 2016 se firmaron dos contratos, que en conjunto sumaron 35,5 millones. En 2018, se firmó otro por 17 millones. En los tres, la única empresa participante y, por ende, favorecida fue Lafattoria. La contratista ha ofrecido este servicio por alrededor de una década, aunque no siempre lo hizo a escala nacional como ahora.
En el segundo proceso de 2016, cuyo contrato se firmó el 30 de diciembre por un valor de $ 26,6 millones, Lafattoria fue calificada con un puntaje de 98 sobre 100. De la revisión del archivo, llama la atención que, de siete preguntas recibidas por parte de proveedores interesados, en cinco se cuestionaba por qué el servicio no se podía brindar de manera sectorizada o por provincias, de tal forma de dar oportunidad de participar a pequeñas empresas. El Ministerio justificaba que no era posible sectorizar porque implicaría realizar al menos nueve procesos.
Esta misma modalidad se mantuvo en el proceso de 2018, cuyo contrato fue firmado el 14 de junio. María Belén Ayala, excoordinadora general administrativa financiera del ministerio y quien estuvo en esta adjudicación, explicó que varios factores incidían en la baja participación. Por un lado, para que el contrato les resultara rentable a las empresas se requería de volumen por el costo diario de la alimentación por persona ($ 2,50). Por otra parte, puesto que los pagos se realizaban entre uno y dos meses después de haber prestado el servicio, requerían de suficiente liquidez.
Sobre la posibilidad de dividir las contrataciones por zonas, las cuales reúnen varias provincias, explicó que por logística resultaba complicado. “No podíamos jugarnos a que les falte la comida, eso genera levantamientos”, comentó Ayala, quien añadió que lo que sí se hizo fue eliminar la exigencia en los pliegos de experiencia en alimentación para centros penitenciarios.
Sobre la calidad del servicio, Rosana Alvarado, exministra de Justicia (2017-2018), señaló: “Creo que siempre las cosas pueden ser mejores. Pero así como había mucha gente que se quejaba de la alimentación, otros decían que finalmente recibían tres comidas al día”.
En un proyecto sobre la Alimentación para personas privadas de la libertad y adolescentes infractores, presentado en diciembre de 2020 por el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la entidad señaló que “pese a las mejoras en el servicio, persisten los problemas en cuanto a la calidad, cantidad; así como la falta de vajillas unificadas, que garanticen la provisión de las raciones”, admitiendo que la “baja calidad” genera “problemas de salud”.
Las adjudicaciones de diciembre de 2016 y junio de 2018 tuvieron contratos complementarios. El primero por $ 9,3 millones adicionales; el segundo por 1,4 millones más. Tras cinco procesos posteriores declarados desiertos, Lafattoria se mantiene como única proveedora, pero desde hace tres años sin la firma de un contrato.
Se solicitó vía correo electrónico una entrevista con la contratista, quien, en principio, accedió. Sin embargo, tras la solicitud de que se mantuviera en el anonimato a los voceros de la compañía y la negativa del Diario a esta petición, Lafattoria suspendió la entrevista.
El coordinador del Observatorio de Gasto Público, Leonardo Gómez, subrayó que un proceso no debería avanzar sin al menos tres empresas disputándose un proyecto. “Si solo se presenta una, qué sentido tiene que se realice un proceso de selección. Cada una tendrá su justificación; pero sí genera dudas respecto al desempeño de quienes están calificando y evaluando desde las instituciones públicas”.
La transparencia y lucha contra la corrupción es uno de los retos del gobierno de Guillermo Lasso y desde el Sercop trabajan en tres estrategias para incrementar la participación en la contratación pública: transparencia en el acceso a la información, simplificación en los pliegos y control en los procesos. Sin embargo, los numerosos procesos de contratación que en los últimos años se han adjudicado con la mínima concurrencia, junto a los casos presentados, muestran que aún las bases del sistema de contratación pueden resultar favorecedoras para determinadas empresas, incluso en una dinámica de monopolio que obstruye la competitividad, y al final puede tener un efecto perjudicial en los beneficios de ese rubro.
Este reportaje fue realizado por Patricia González para Diario EXPRESO y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalist (ICFJ). Léelo completo, aquí
