Un mes más para el caso armas

Cuatro personas serán vinculadas el miércoles, a las 10:00, a la instrucción que investiga un presunto tráfico de armas y municiones al grupo narcoterrorista Óliver Sinisterra, que era liderado por el hace poco abatido Walther Arízala, alias Guacho. Los 90 días de instrucción se cumplen la próxima semana. Luego de la audiencia habrá 30 días más para recoger elementos.

Guacho fue asesinado el 21 de diciembre por fuerzas militares de Colombia, informó el presidente de ese país, Iván Duque. Alias Guacho se había convertido en uno de los más buscados en Colombia y Ecuador. Al disidente se le atribuyeron al menos 10 atentados en Esmeraldas, los secuestros y asesinatos del equipo periodístico de El Comercio, de Óscar y Katty y de cuatro marinos en un atentado en el sector de Mataje en San Lorenzo.

En el presunto tráfico de armas hay siete militares activos y seis civiles, detenidos en octubre de 2018. En diciembre a ocho de ellos la justicia les negó la apelación a la prisión preventiva con la que pretendían salir en libertad.

Los vinculados se sumarán a las 13 personas a quienes imputó cargos el 18 de octubre. Los 13 serán llevados hoy, a las 09:00, hasta el Departamento de Criminalística de la Policía, en el norte de Quito, para una audiencia de extracción y análisis de información contenida en CD. Ellos están recluidos en el Centro Carcelario de Cotopaxi. El juez de San Lorenzo, Óscar Cuenca, autorizó el desarrollo de la audiencia privada de cotejamiento de voces e identidad humana. El material de seguimientos y vigilancias fue recopilado durante más de tres meses por agentes de inteligencia que recibieron autorización judicial para las vigilancias.

Walter Arboleda defiende al militar Luis Bautista. Él está convencido de la inocencia de su cliente. Dice que en su contra no existe nada más que una llamada que recibió por parte de uno de los involucrados, en la que le preguntaba quién se encontraba de guardia. Arboleda señala que además de eso en contra de su defendido no existen otros elementos.

Edwin Romero patrocina a Martín Arroyo, otro de los militares involucrados en el caso. Durante las investigaciones el defensor mostró su desacuerdo con que solo miembros de tropa sean los procesados y privados de su libertad.

Señaló que “los jefes de los rastrillos son los oficiales y aquí no hay ni uno solo privado de la libertad. La responsabilidad recae sobre los oficiales, ya que ellos son los que suscriben las actas de entrega y recepción del material bélico de las Fuerzas Armadas”, insistió en noviembre.

Los siete militares procesados forman parte de casi un medio centenar de uniformados involucrados en ilícitos. El 14 de noviembre el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ratificó que la formación profesional es el mejor mecanismo para evitar el involucramiento en actividades ilícitas. Insistió en que se trata de casos aislados.

La referencia sobre los involucrados en irregularidades y procesados por narcotráfico y tráfico de armas estuvo también presente el miércoles en una ceremonia militar desarrollada en un reparto del sur de Quito. En el acto Javier Pérez, comandante del Ejército, recordó a sus subalternos que “la honestidad depende de cada uno” y pidió a los procesados por tráfico de drogas y de armas a Guacho que “no pretendan arrastrar en esta inconducta a las FF. AA.”. Ese mismo día el ministro Jarrín entregó al vicepresidente Otto Sonnenholzner el Libro Blanco de la Defensa.

Para saber

Versiones

Entre otras diligencias la Fiscalía ha recibido versiones sin juramento de los procesados y de oficiales militares.

Pedidos de información

Uno de los pedidos de información de la Fiscalía fue dirigido al IESS para que remita el historial laboral de los procesados.

Allanamientos

Previo a las detenciones ocurridas en octubre hubo allanamientos a repartos militares en al menos cinco provincias.

Sospechas

Sobeida Quiñónez es, según la Fiscalía, una de las cabecillas de la supuesta red de provisión de armas.