Caso Metástasis: Claudia Garzón dice que es criminalizada por su pacificación
Las alegaciones de la defensa continúan en la audiencia preparatoria de juicio
En la Corte Nacional de Justicia se realizó este sábado 21 de septiembre el noveno día de la audiencia preparatoria de juicio de 37 procesados en el caso Metástasis.
La diligencia se centra ahora en escuchar las defensas de los imputados. Hasta ahora se han escuchado a 19 personas. Casi todas las defensas se han centrado en atacar uno de los más de 300 elementos de convicción presentados por la Fiscalía, como es la pericia a los celulares del narcotraficante Leandro Norero (+).
Este sábado, por ejemplo, fue el turno de Claudia Garzón, excomisionada de paz en las cárceles, quien, a través de su abogado Jorge Haz negó haber colaborado de forma delictiva con Norero. Dijo que su cliente solo realizaba una labor humanitaria, por lo que era normal que dialogará con los cabecillas de las organizaciones.
“Es criminalizada por la Fiscalía por tener esta confianza con los grupos delictivos, pero eso era necesario para lograr la pacificación”, dijo Haz.
En el caso Metástasis hay 37 personas procesadas por el delito de delincuencia organizada. Entre estos se encuentran presuntos cabecillas como Xavier Jordán, administrador de los bienes, Cristian Romero, abogado, Fabian Campozano, socio en actividades ilícitas, y Xavier Novillo, hombre de confianza.
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Otro procesado es Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien fue juez de la Sala de Familia de la Corte Nacional y quien debía conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Norero.
Un monto de reparación por la presunta corrupción
Antes de que los procesados tengan su turno para hablar, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó su acusación particular en la que coincidió con la Fiscalía, de que se debía llamar a juicio a los 37 acusados. Además estableció una reparación económica de 4,2 millones de dólares a favor del Estado, por ser la víctima principal de una trama de corrupción que se enfocó en buscar la impunidad de Norero y su familia y en la que habrían participado jueces, fiscales, policías, funcionarios y abogados.
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