Militares demandan al Gobierno en la CIDH

El enfrentamiento entre los militares en servicio pasivo y el Gobierno trasciende fronteras. Los uniformados llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ayer, el Frente de Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) pidió al organismo que emita medidas cautelares para suspender el trámite del proyecto de reformas a la ley de seguridad social militar.

La norma, por ahora, está en la Asamblea.

Ese pedido está incluido en la demanda que los militares presentaron contra el presidente de la República, Rafael Correa, y el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.

Solicitaron, además, un recurso de amparo contra las autoridades, por “los abusos, agresiones, constantes insultos, intentos de desestabilizar, dividir y debilitar a las Fuerzas Armadas”, dijo el abogado Patricio Durazno, en Quito.

La mañana de ayer, ellos se contactaron vía telefónica con la abogada Marcia Goyes. Ella estaba en Washington: fue a entregar la demanda.

Explicó que, por tratarse de un tema de seguridad nacional, el requerimiento de los pensionistas tendrá un trámite especial. Según Goyes, la causa ya fue sorteada y ella conversó con los magistrados que llevarán la causa en contra del Estado.

Durazno precisó que, al ser calificada como especial, debería haber un pronunciamiento de la Comisión en un plazo máximo de 30 días.

¿Qué garantiza que el Estado cumpla una resolución de la CIDH? Wagner Bravo, representante de los pensionistas del Issfa, recordó que Ecuador es suscriptor de instrumentos internacionales que garantizan y protegen los derechos humanos y que, por lo tanto, “está en la obligación de cumplir con la resolución que emita la CIDH”.

Él pasó revista, además, a los otros problemas que atraviesa el Issfa: el Gobierno mantiene una deuda pendiente por 419 millones de dólares. Por lucro cesante, explicó, el Instituto pierde entre 25 y 29 millones.

A sus ojos, esto pone en riesgo el pago de las pensiones de los militares jubilados y de los futuros pensionistas porque nada garantiza que el Estado cancele su deuda. RRG