Ministra Romo: “No hay una justificacion”

Fue una demostración de unidad. O de fuerza, según se mire. Todo el gabinete ministerial, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, los secretarios presidenciales y la cúpula de la Policía acompañaron ayer a la ministra del Interior, María Paula Romo, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, adonde fue llamada para responder por recientes actuaciones policiales. Los legisladores del bloque correísta levantaban cartelitos con la frase “Romo renuncia ya”; los de CREO buscaban acuerdos para precipitar esa renuncia y el Gobierno en Pleno cerraba filas en su defensa.

Muy funcional para la ministra la oportuna convocatoria a esta sesión por parte de Elizabeth Cabezas. El llamado a rendir cuentas fue una decisión tomada por el Pleno en septiembre del año pasado y durmió (como tantas otras cosas) cuatro meses en el escritorio de la presidenta de la Asamblea. El motivo, en aquel entonces era la muerte a tiros de un ciudadano a manos de la Policía, en el puesto de control de Mascarilla, provincia de Imbabura. Ahora, a esa tragedia se sumó otra: el femicidio ocurrido en Ibarra, la noche del sábado, y su secuela de desórdenes callejeros que pusieron a Romo en el centro de una tormenta de críticas.

Hubo un despliegue de seguridad que cerró el tránsito en ocho manzanas alrededor de la sede legislativa, complicó el acceso al centro de la ciudad y demoró en casi una hora el inicio de la sesión. “¿Está aquí el presidente de Estados Unidos?”, se quejó el correísta Pabel Muñoz, olvidando que, durante su gobierno, los operativos de seguridad en torno a la Asamblea llegaban hasta el parque de El Ejido. Hubo minutos de silencio por las víctimas de la violencia. Hubo hasta seis pedidos de resolución, a cual más retórico, que fueron aprobados por unanimidad: en contra de la violencia machista, en contra de la xenofobia, en respaldo a la Policía, en solidaridad con las víctimas... Y, finalmente, cuatro horas de comparecencia.

Apoyar a la Policía; enviar el mensaje de que los uniformados están facultados para usar sus armas en defensa de la integridad de las personas; mantener la unidad nacional en la lucha contra la violencia social... La intervención de la ministra estuvo plagada de obviedades que los asambleístas dieron por sentadas. Con respecto a lo de fondo, Romo abundó en explicaciones sobre el caso Mascarilla pero evitó hablar de los detalles principales; admitió la mala actuación policial en el femicidio de Diana Ramírez en Ibarra; minimizó la explosión de violencia xenófoba ocurrida el domingo en esa misma ciudad y evitó referirse (aun ante preguntas expresas) al comunicado presidencial que, según muchos, desató esa reacción popular en contra de los venezolanos.

Y dijo: Los casos de Mascarilla e Ibarra “son dos caras de la misma moneda”. En el primero, la Policía actuó y fue criticada. En el segundo, la Policía no actuó y fue igualmente criticada.

Mascarilla: Romo trazó un panorama de las acciones desplegadas en ese puesto de control del contrabando que, con el tiempo, se convirtió en un punto importante de refriega con la minería ilegal que opera en Urcuquí. Los hechos de violencia que terminaron con la muerte de un ciudadano que la ministra ni siquiera nombró (se llamaba Andrés Padilla), tienen que ver, de hecho, con un operativo de evasión de mineros en una camioneta cargada de material aurífero. Lo que no dijo, pero el correísta José Chalá se lo recordó, es que Padilla fue disparado por la espalda y en la cabeza, cuando no representaba ningún riesgo (no solo hay un vídeo sino también un peritaje) ni para aquel que lo mató ni para nadie. Pero así, inexplicada, quedó la cosa. A la ministra le preocupa que el policía se encuentra en prisión mientras a un grupo de mineros ilegales detenidos el pasado 17 de enero se les concediera medidas sustitutivas de libertad. Será porque ellos no mataron a nadie.

Ibarra: Romo no evade las responsabilidades de los policías que fueron incapaces de evitar el crimen. “Se subestimó la amenaza -dice- no se evaluó adecuadamente el riesgo”. No solo eso: “no se activó la cadena de mando”. Más aún: “no se aplicaron protocolos”. Y ante una pregunta del socialcristiano César Rohón, concluye: “No hay una justificación posible”. Pero pide que este único evento desafortunado, que ella contrasta con los cientos de casos que los uniformados resuelven a diario con eficiencia y profesionalismo (y da cifras, y cuenta historias), no se convierta en el criterio para evaluar a la Policía.

A la noche de espanto que vivieron los venezolanos el domingo no parece concederle mucha importancia la ministra. Dijo que la mitad de los vídeos (así: “la mitad”) eran falsos; que la Policía resguardó el albergue de Ibarra; que no hubo muertos ni heridos. Y cada vez que se le hablaba de la seguridad de los venezolanos en el país, ella corregía: “la seguridad de todos los ciudadanos”. Como si los venezolanos no fueran un grupo vulnerable en estos tiempos. Deben estar huyendo de Ibarra por el clima.