Ministerio del Trabajo registra 180.852 despidos durante la emergencia
Por acuerdo entre las partes han salido 100. 797. El ministro de Trabajo defendió su accionar en cuanto a la supresión de puestos en el sector público
El ministro de Trabajo, Luis Poveda, confirmó que 180.852 personas fueron despedidas durante la lo que va de la pandemia causada por el coronavirus. Detallo que las causales de la terminación de la relación laboral fueron varias. También dio a conocer que casi medio millón de personas laboran en la modalidad de teletrabajo. Información que la dio a conocer durante la comparecencia a la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea.
Preció que por despido intempestivo salieron 15.724 trabajadores, equivalente al 8.69 % de los casos; por aplicación del artículo 169, numeral 6, terminaron la relación laboral 16. 874, el 9.33 %; por acuerdo entre las partes, 100 797, el 55.73 %; y, por otros motivos 47 457, el 26.24 %. “En total 180 852 personas fueron despedidas”, aseguró el funcionario.
Según los registros del Ministerio del Trabajo, durante la pandemia, 425 424 personas laboran en la modalidad teletrabajo, en 6124 empresas e instituciones públicas. En el sector privado 139 023 teletrabajadores de 5862 empresas; en el sector público, 286 401.
En otro orden, el Ministro Poveda defendió la facultad que tiene para regular las remuneraciones del sector público, entre ellas expedir las normas técnicas en materia de recursos humanos.
Precisó que, en el artículo 47, literal c) de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP), consta como una de las causales para el cese definitivo, la supresión del puesto, debiendo configurarse por razones técnicas, funcionales y económicas, proceso que obligatoriamente se efectuará con la intervención del Ministerio de Trabajo.
“El servidor público desvinculado por esta causal recibirá cinco salarios básicos unificados vigente en el año 2015 (354 dólares), es decir 1770 dólares por cada año de servicio, con un límite 53 100 dólares”, recordó.
El procedimiento considerará los principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad, sin que se afecte los servicios públicos. Reiteró que existe una sentencia de la Corte Constitucional respecto a la excepción, que se debe respetar por parte de los organismos e instituciones públicas.
Las reacciones no se hicieron esperar, la asambleísta Marcela Holguín manifestó que no se cuestiona el mecanismo, sino que esta supresión se daría en instituciones que no han cerrado sus puertas. “A raíz de la expedición del Acuerdo 124 no hay seguridad de la estabilidad laboral de los servidores públicos, incluso de quienes han ingresado mediante concursos”, afirmó.
En tanto, el legislador Bairon Valle dijo que los trabajadores son quienes más han aportado a la crisis, una cantidad superior a los dueños del capital, por lo que el Acuerdo 124 no es pertinente, porque la aplicación de la supresión de puestos termina con la estabilidad de los servidores públicos. Esta comisión debe estar informada del plan de contingencia de las instituciones para no perjudicar a los despedidos, concluyó.
