El modelo de control en Quito está en la mira de las autoridades
Quito Honesto está abierta a mejoras. El principal de esa entidad es delegado del alcalde Jorge Yunda
Los actos de corrupción entorno a las compras públicas durante la emergencia sanitaria dejaron lecciones por aplicar y modificaciones urgentes en la supervisión del uso de fondos públicos. En Quito, por ejemplo, suenan voces de cambio en los entes de control y transparencia.
La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quito Honesto, está en la mira. El concejal Fernando Morales cree que su labor no ha sido la mejor en el control anticorrupción y agrega que esa deficiencia puede responder, en parte, a que la autoridad del organismo es un delegado del alcalde de la ciudad. Es decir, Jorge Yunda nombró al funcionario que debe cuidar y regular el correcto uso de los recursos del Gobierno local.
Morales considera que el control debe venir de un agente externo al Municipio que no tenga ningún tipo de vinculación política. Ese ha sido el gran inconveniente de Quito Honesto en sus 18 años de funcionamiento.
La necesidad de reestructurar el funcionamiento del ente de control también es reconocida dentro del propio Quito Honesto. Sus voceros creen que el modelo debe evolucionar, pero recuerdan que la comisión siempre deberá contar con un representante del alcalde.
Quito Honesto respondió a EXPRESO asegurando que en la actual administración, a diferencia de alcaldías previas, el delegado no tiene una relación directa con Yunda. “El actual presidente de la institución, Michel Rowland García, fue designado en mayo de 2019, fecha en la que conoció al alcalde Jorge Yunda. Rowland no pertenece a ningún partido político, no tiene cercanía con el círculo personal del señor alcalde, ni ha recibido ningún tipo de direccionamiento o condicionamiento respecto a las tareas que desempeña”, afirmó la respuesta oficial.
Como muestra de esa independencia, dice la entidad, existen 200 informes de revisión de las contrataciones realizadas por el Municipio en el año pasado.
¿Cuáles son los resultados? 18 entidades contratantes del Gobierno local realizaron 114 compras bajo la modalidad de emergencia, durante el tiempo que duró el estado de excepción decretado por el Gobierno nacional desde el 16 de marzo de 2020.
El monto total contratado, explicó Quito Honesto, para atender la emergencia derivada de la propagación de la COVID-19 superó los 13,7 millones de dólares, más IVA.
En el valor se incluyen temas controversiales como la compra de pruebas para la detección del coronavirus. Esa adjudicación, de más de tres millones de dólares, está en investigación de la Fiscalía General del Estado.
Ese y otros procesos fueron supervisados y puestos en conocimiento del alcalde Yunda. Incluso se solicitó que varias operaciones pasen a manos de la Contraloría General del Estado.
Claro que, reconocen, el poco presupuesto y el escaso personal de la Comisión limitaron parte de las labores.
El resto de contrataciones, por fuera de la emergencia sanitaria, también fue analizado. Los procedimientos de contratación bajo régimen común que superaron la cuantía establecida por el alcalde y otras operaciones fueron supervisados. No se explicó, sin embargo, cómo se fijó el monto mínimo de análisis.
