Mónica Palencia pende de un voto

Lo que la Comisión de Fiscalización no supo resolver, lo resolvió el Pleno de la Asamblea: 89 legisladores votaron a favor de llevar a juicio político a Mónica Palencia. De los tres que faltan para alcanzar la mayoría calificada de 92 que se necesita para censurarla y destituirla, la oposición tiene en principio dos que estuvieron ausentes. Así las cosas, la suerte de la ministra del Interior pende de un voto. Salvo camisetazo sorpresivo o acuerdo con el correísmo de último momento (y se sabe que el gobierno es experto en procurar ambas cosas, de maneras inconfesables y secretas), el desenlace de esta historia es de pronóstico reservado. Por el momento, sólo 40 voluntades respaldan la causa del oficialismo.

Casi dos horas duró la discusión de si continuar o no con el juicio político planteado por los correístas Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta. La presidenta Viviana Veloz, que había empezado pidiendo “un debate de altura, sin exabruptos ni improperios”, reservó a los suyos la primera y la última palabra. Abrió la ronda de intervenciones Sofía Espín, autora de un informe a favor del juicio y de quien se esperaba, por tanto, una exposición detallada de sus causales. Lejos de eso, se limitó a despachar una serie de generalidades, incluyendo la mentirosa estadística de muertes violentas durante el correato en la que no se incluyen las 7 mil no explicadas de sus últimos seis años. Juzgó como inaceptable la ejecución presupuestaria de la ministra Palencia en lo que va del año (46 por ciento) y la acusó de no haber destinado a la seguridad los ingresos por concepto de incremento del IVA. Porque, como todo el mundo sabe, las finanzas públicas las maneja el Ministerio del Interior.

El correísmo bastardea una frase de Fernando Villavicencio 

“La pregunta es: ¿la patria o la mafia?”, proclamó Espín en el clímax retórico de su intervención. Como si se hubieran preparado para ese momento, los integrantes de la bancada oficialista habían llevado sendos carteles con la misma pregunta, que instalaron en cada una de sus curules. “¡Están utilizando una frase de Fernando Villavicencio para encubrir la impunidad!”, protestó iracundo el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel, quien empezó distanciándose “tanto de los unos como de los otros” y terminó anunciando la decisión de su bloque de apoyar a “los unos”: “Mónica Palencia”, dijo, “es culpable de la inseguridad”.

En torno a la alternativa retórica planteada por Espín y los oficialistas (“la patria o la mafia”) giró buena parte del debate. Nadie más elocuente que la asambleísta Gissella Molina, reciente adquisición del socialcristianismo. Ella dirigió su artillería contra dos asambleístas absolutamente inocuos, Xavier Jurado y Ferdinan Álvarez, correístas que dieron el camisetazo y se alinearon con el oficialismo, y a través de ellos fustigó a las dos grandes bancadas de la Asamblea. “Era su banda la que persiguió y linchó a Fernando Villavicencio en vida”, acusó y exigió a los del gobierno que retiren esos carteles. Cuando recordó, a propósito de mafias, la figura del operador político del narcotraficante Leandro Norero y hoy prófugo de la justicia Ronny Aleaga (de hecho, Aleaga fue asambleísta alterno de Sofía Espín y se principalizó cuando ella fue destituida), la presidenta Viviana Veloz empezó a ponerse nerviosa.

“En esta Asamblea”, había dicho Gissela Molina, “siguen las mismas personas peligrosas vinculadas con las peores fichas para llenar de sangre al país”, y pidió que se proyecte una imagen fotográfica que había enviado a la secretaría. “No voy a autorizar la proyección de esa fotografía porque no voy a permitir que haya ofensas entre asambleístas”, replicó Viviana Veloz, atribuyéndose un papel de censora que difícilmente calza con su función. Con el pretexto de “mantener la altura del debate”, la presidenta de la Asamblea parece dispuesta a impedir que a los correístas les recuerden ciertas cosas.

La mejor defensa de Mónica Palencia corrió por cuenta del independiente Ramiro Vela, quien pidió dejar de lado los carteles y unirse en la causa de la lucha contra el crimen organizado. “No podemos decir que no se ha hecho nada y tenemos que empezar de cero”, dijo. Y con respecto a la posibilidad de censurar a la ministra: “No es el momento ni es el mensaje”.

El apoteósico cierre del debate correspondió a la proponente del juicio, Paola Cabezas. La legisladora correísta de los golpes en la mesa y los gritos destemplados, cambió de registro en esta ocasión y llegó con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, cosa que no logró por más muecas que ensayara.

“Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que no llore por su padre, el dueño de una vulcanizadora al que lo mataron”, dijo por ejemplo, con voz temblorosa y dolorida, mientras concentraba todas sus energías mentales y físicas detrás de los ojos, en un infructuoso esfuerzo por hacer brotar una lagrimita. “Este ya no es un juicio político, esto ya mutó, esto es ahora un juicio ciudadano”, proclamó. Pero no logró llorar jamás.

• Arrepentidos. El tema de la incursión en la embajada de México quedó prácticamente fuera del juicio. El correísmo pretendía apuntalar la causa mexicana. 

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