Morenistas y correístas frenan el veto del propio Moreno

Se reeditan las mayorías coyunturales o móviles en las votaciones. En este período legislativo, y sobre todo tras la división de la bancada oficialista en Alianza PAIS y Revolución Ciudadana, las decisiones coyunturales han hecho que el oficialismo logre aprobar las leyes que le interesan; sin embargo, también ha recibido reveses que han puesto en aprietos al Gobierno.

Esto se volvió a ver la noche del jueves cuando, sin pensarlo, el bloque de PAIS recibió el apoyo de sus excompañeros de bancada, los ahora denominados correístas, aparte de los legisladores de SUMA, de algunos independientes que no tienen bloque e incluso de unos pocos socialcristianos, para ratificarse en los textos aprobados por la Legislatura en la Ley de Apoyo Humanitario, al lograr 116 votos a favor, cuando solo requerían 90 votos.

Llegaron a la sesión del jueves sin muchas expectativas, toda vez que cuando aprobaron el proyecto de ley, el 15 de mayo pasado, solo obtuvieron 74 votos, provenientes de la “mayoría por la gobernabilidad”, compuesta por AP, CREO, BIN y BADI. Les faltaban votos para lograr la insistencia en los textos del Legislativo. Esto fue más notorio porque para el allanamiento a los vetos del Ejecutivo solo lograron 69 votos afirmativos.

¿Por qué este cambio en las bancadas? Los asambleístas Guillermo Celi (SUMA), Juan Cristóbal Lloret (RC) y Henry Cucalón (PSC) sostuvieron que debieron votar así porque “el remedio (el veto) era peor que la enfermedad” y atentaba contra los derechos de los trabajadores, sobre todo en la disposición interpretativa al artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo, incluido en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, donde se determina el marco de aplicación de los despidos de los trabajadores bajo la causal de fuerza mayor o caso fortuito. A su vez, dejaron en claro que votaron así por la coyuntura y no porque sean parte de la mayoría del oficialismo.

“Voté por la ratificación porque lo que había planteado el Ejecutivo era un zarpazo adicional en contra de los trabajadores, porque lo que se estaba haciendo era justamente que en estos casos de fuerza mayor se estaba desvinculando a los trabajadores sin que medie el cierre completo de las empresas. Por eso había que ratificarse en la interpretativa”, argumentó el asambleísta de SUMA Guillermo Celi.

El legislador socialcristiano Henry Cucalón justificó su voto y el de algunos compañeros de bancada diciendo que era necesaria una convergencia legislativa para evitar y frenar los abusos que se cometieron contra los trabajadores durante la pandemia.

“Había que ratificarse y rechazar las pretensiones lesivas y perjudiciales del veto del presidente, que pretendía darle mayor discrecionalidad y legalizar las arbitrariedades ya cometidas”, afirmó el legislador, quien aclaró que en su bancada se dejó en libertad a sus miembros para la votación en la ratificación.

“Nosotros somos conscientes de que esta no es una buena ley para el país; sin embargo, en el veto del Ejecutivo el texto aprobado por la Asamblea es el mal menor, porque de una u otra forma interpreta de mejor forma el artículo 169 del Código de Trabajo, beneficiando a los trabajadores. Lo otro era vulnerar más los derechos de los trabajadores del Ecuador”, dijo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (RC).

Insistió en que la ley no resuelve los problemas del país, y complica y precariza aún más la situación de los trabajadores. Aclaró que la votación fue completamente coyuntural.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (PAIS), reconoció que lo hecho por el pleno de la Asamblea responde a una coyuntura en un tema específico como es el laboral, y que la propuesta legislativa recoge más el espíritu de los trabajadores que el veto del Ejecutivo. “Como ponente busqué interpretar el consenso que se escuchó en el debate. En función de eso hicimos las agrupaciones adecuadas, sin ningún cálculo político, por eso es que se logró obtener esos votos”, afirmó el oficialista.

Legislativo.

Se allanaron con las justas.

La moción de allanamiento a los vetos propuestos del Ejecutivo tuvo otra historia. Para aceptar las objeciones del Gobierno se requería la mitad más uno de los presentes para aprobar. En la votación estuvieron 133 asambleístas, por lo que necesitaban de 67 votos. Lograron 69, entre PAIS, CREO y BADI.

Pendiente.

Ley de Finanzas Públicas

La Asamblea deberá tratar en los próximos días el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, el cual fue aprobado con 72 votos favorables de la mayoría por la gobernabilidad. La propuesta del Gobierno ha sido muy criticada, por lo que hay que ver si en esta ocasión también funciona la coyuntura.