Moreno descarga ante la CIDH
El presidente justifica actuación en las protestas. Ofrece hacer mejoras si se detectan excesos.
Aunque Ecuador no es parte de la agenda, el Gobierno aprovechó para posesionar su tesis sobre las protestas de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró ayer en Quito el 174° Periodo de Sesiones, en el que analizará la situación de 14 países miembros del sistema.
Al acto acudió el presidente Lenín Moreno; el canciller José Valencia; el contralor del Estado, Pablo Celi, y la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, entre otros .
Del lado de la CIDH, el relator para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, y la presidenta del organismo, Esperanza Arosemena. De entrada, ella ya adelantó que por ser el país anfitrión no se abordará ni habrá audiencias respecto al caso de Ecuador. Sí se analizará la situación de países como Bolivia y Chile en donde también se registran protestas. “Hoy es imprescindible hablar sobre los retos en materia de protección, efectividad y eligibilidad de los derechos humanos para el continente”, pues las situaciones de violencia y la afectación a las libertades “no se ha reducido, sino que se ha intensificado”, aseguró Arosemena.
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Que Ecuador no esté en la agenda no fue impedimento para que Moreno toque el tema de las protestas por la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel.
Reconoció que mucha gente salió a reclamar por la pobreza y el no poder alimentar a su familia, lo que se sumó a las medidas adoptadas “para enderezar una injusticia histórica producida con subsidios que solo beneficiaban a los ricos y que siguen beneficiando a narcotraficantes”, dijo.
Pero marcó una diferencia entre los que salieron a manifestarse con razón y aquellos que “estaban en la línea de desestabilizar al país”. Contra estos últimos justificó todas las acciones de las fuerzas de seguridad para frenar los actos de violencia y con el objetivo de “defender la democracia, que es lo que estaba en juego”, dijo.
Por momentos, se percibió incomodidad por parte de Arosemena, que ha preferido no referirse al procesamiento de la información que recopiló la CIDH entre el 28 y 30 de octubre sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Moreno siguió y contó lo sucedido con el edificio de la Contraloría, sobre los vehículos oficiales y de rescate destruidos, sobre los policías y militares que fueron vejados y secuestrados, los que estuvieron a punto de ser quemados y los dos uniformados que perdieron un ojo. “La actuación del Estado para resguardar los derechos de todos sus habitantes requirió el uso de la fuerza. Que se oiga bien, nuestros uniformados lo hicieron observando estrictamente las reglas a las que se encuentran sometidos, jamás dispararon”, aseguró.
La CIDH anunció que el informe definitivo sobre la situación de los derechos humanos, luego de las manifestaciones, estará listo en cuatro o cinco semanas. En un comunicado exhortó, al Estado para que investigue de forma imparcial y expedita tanto las violaciones a los derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en el contexto de la protesta, con las respectivas sanciones a los responsables.
“Si hubo algún exceso, si la búsqueda de la paz social y el combate a los grupos violentos generaron errores o se afectaron derechos humanos, implementaremos las medidas legales correspondientes, como cualquier gobierno democrático”, aseguró Moreno.
El Gobierno también resaltó que las sesiones de la Comisión Interamericana se realicen en suelo ecuatoriano, considerando que esto marca el reencuentro del país con la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de un ”injusto alejamiento” durante la década pasada.