Mosquera se disculpa por el caso Odebrecht

Fue la segunda vez que ofreció disculpas públicas. Pero es el primer sentenciado por un caso de corrupción que lo hace.

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, cumplió con una parte de la reparación dispuesta en la sentencia que lo condenó a cinco años de cárcel por lavado de activos en la trama de sobornos de Odebrecht.

Ya lo había hecho durante el juicio que se siguió en su contra, la de su padre y de su tío, cuando se lo acusó de recibir un millón de dólares de la constructora brasileña por el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón.

Mosquera llegó antes de las 11:00 a las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. Estaba solo. Lucía un pantalón negro y una chaqueta concho de vino. Subió al mezanine de la Corte y ocupó el sitio en el que se ubican los procesados durante los juicios.

Al frente se instalaron el procurador Íñigo Salvador y la fiscal Diana Salazar. Esperó casi cinco minutos el arribo del tribunal de ejecución de la sentencia, presidido por el juez Iván Saquicela. Estaba tranquilo. Dijo que llegó a cumplir lo dispuesto en el fallo.

Portaba una hoja de papel con 20 líneas escritas en computadora y seis puntos para resaltar durante el acto. A su lado se ubicó una representante de la Defensoría Pública Penal.

En las últimas cuatro líneas de su ayuda memoria dejó sentado que como hombre de bien “procedo a ofrecer disculpas públicas tal como establece la sentencia”.

Pasadas las 11:00 el juez Saquicela dio inicio al acto. Todos se pusieron de pie.

Antes de ofrecer disculpas, Mosquera quería precisar que se declaró culpable por diversas circunstancias. Seis en total. Dijo que estaba privado de la libertad, que el proceso se llevó sin su conocimiento en la etapa de indagación previa.

Añadió que la prensa “dio por sentado que recibí dinero por el contrato Toachi Pilatón sabiendo que ese contrato fue adjudicado un año antes de mi gestión”. Destacó que en la sentencia no se especifica el origen ilícito de los recursos y recalcó que no fueron fondos públicos. “En estas circunstancias y con pésimo asesoramiento jurídico me declaré culpable”, dijo.

Mosquera fue el primer detenido en el Ecuador por la trama de corrupción de Odebrecht. Ocurrió en abril de 2017. Fue además el primero en recibir sentencia.

En el juicio la Fiscalía presentó evidencias de que los pagos a Mosquera se hicieron en cuatro partes cuando aún era secretario de Estado en el régimen de Correa. Fueron a la offshore panameña Tokio Traders que estaba a nombre de su tío, también procesado.

Fueron tres depósitos por 200.000 cada uno y uno por 400.000 dólares. El ordenante del pago fue, según se mostró en el juicio, el Departamento de Operaciones creado por la firma brasileña para el pago de coimas por los contratos de obra pública que obtenía en algunos países.

El dinero se mantuvo en la cuenta de una empresa de su propiedad por cerca de tres años. Luego de ese tiempo hizo depósitos en tres países: China, Estados Unidos y Ecuador.

Cuando el caso salió a la luz Rafael Correa salió en su defensa. Aseguró que a Mosquera los depósitos se le hicieron dos años después de dejar el cargo en el ministerio y tres después de la firma del contrato.

“No es coima, no es soborno porque Alecksey Mosquera ya no era funcionario público” y justificó que era un acuerdo entre privados”. Pero las transferencias coincidían con las asignaciones para el proyecto.

La Procuraduría fue acusadora particular en el caso. Ahora ejecuta la sentencia. Entre otras cosas ofició al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Bancos la prohibición a Mosquera para ejercer cargos. Hasta el 11 de diciembre deberá pagar 666.666 dólares o se rematarán sus bienes.

La Procuraduría indicó el número de cuenta para los depósitos. Como afectado, el Ministerio de Energía deberá publicar la resolución en su página web. Hasta el momento Mosquera es el único que se ha disculpado por actos de corrupción.

El detalle

Liberación. Alecksey Mosquera recibió el beneficio del régimen semiabierto de un juez de Garantías Penitenciarias de Azuay. Está libre desde el 31 de julio.

La fiscal espera

Que no sea el único caso

La fiscal Diana Salazar señaló que se cumplió la reparación inmaterial. “Se trata que los ciudadanos entendamos que no podemos abusar de los fondos públicos porque podemos vernos supeditados a realizar este tipo de actos”.

Ella espera que no sea el primer caso ni el único. Falta aún la reparación económica al Estado.