El MSP denuncia casos de peculado en establecimientos de salud de Galápagos
La cartera de Estado indicó que el perjuicio supera los $ 3.5 millones
El subsecretario de Provisión de Salud, Andrés Corral, presentó dos denuncias por el presunto delito de peculado cometido en dos establecimientos de salud en Galápagos. El desfalco se lo realizó desde el Hospital Oskar Jandl (Puerto Baquerizo Moreno) y desde la Dirección Distrital (San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela).
Según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP), el delito se cometió entre el 2017 y el 2022. Asimismo, la ministra de la cartera de Estado, Ximena Garzón, explicó que "a través de sus usuarios asignados, y con el mayor descaro, se habrían transferido recursos públicos a sus cuentas personales". También destacó que ya se han identificado a las personas involucradas.
La ministra de @Salud_Ec, @XimenaGarzon11, brindó #RuedaDePrensa sobre presuntos delitos de peculado.
— Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) April 18, 2022
En @Salud_Ec hay CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN. Estamos devolviendo la confianza a la ciudadanía, enfrentando todo acto que afecta a los recursos de los ecuatorianos ↓ pic.twitter.com/7W04xbVxY8
Por otro lado, Garzón detalló el perjuicio en contra del MSP e indicó que en el caso del Hospital Oskar Jandl el valor asciende a $1´984.438,71. Mientras que en la Dirección Distrital es de $1´794.713,29. “No vamos a permitir un solo acto de corrupción", hizo hincapié.
Asimismo, Garzón destacó que este hallazgo es el resultado de "un trabajo minucioso" y que el MSP "está pendiente de los movimientos que se realizan en las coordinaciones zonales sobre el presupuesto asignado para abastecimiento y demás gastos". También indicó que la cartera de Estado ha conformado un equipo técnico que trabaja con las coordinaciones zonales, para realizar el seguimiento.
Según el artículo 278 del Código Integral Penal (COIP), el delito de peculado es el beneficio, propio o de terceros, de los servidores públicos que abusen, dispongan o distraigan arbitrariamente de recursos públicos. Es sancionado con prisión de 10 a 13 años.
