La muerte cruzada contra Lasso retoma su fuerza y complicaciones ante nueva crisis
La añeja opción revive ante las presunciones de corrupción en su gobierno. Analistas advierten los riesgos. La dimisión, última alternativa
La amenaza del juicio político reactiva los planes de contingencia. Tras el sinceramiento de Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión ocasional que investiga el caso ‘El Gran Padrino’, sobre que “hay varios indicios” que apuntarían al control político del mandatario, las opciones que dispone el presidente vuelven a la discusión.
Alternativas que, según constitucionalistas consultados por Diario EXPRESO, van desde la renuncia voluntaria de Guillermo Lasso como presidente de la República hasta retomar la añeja opción que el mandatario bandereaba ante la Asamblea Nacional al inicio de su mandato cuando iniciaron los roces.
“Se le reducen las opciones. Una de ellas, la natural, era que el presidente justifique ante la comisión ocasional su nula vinculación con las acusaciones referidas, (...) pero no lo ha hecho”, señala Ximena Ron, constitucionalista, quien, ante el escenario que se está configurando, añade que ahora al presidente Lasso solo le quedará “esperar a que la mesa legislativa emita el informe que potencialmente recomendará su juicio político y que la Corte Constitucional no lo viabilice”.
Una posibilidad descartada por André Benavides, constitucionalista, quien considera que “si el presidente está totalmente claro que no existe algún tipo de irregularidad cometida por él, no tiene por qué ir a defenderse. Además, de que la Asamblea está empecinada en bajárselo como sea”. En ese contexto, Benavides señala que si el enjuiciamiento político al presidente es inminente, el mandatario podría “adelantarse a la jugada” y activar la denominada muerte cruzada para disolver a la Asamblea Nacional.
Alternativa compleja y peligrosa según indica Ismael Quintana, constitucionalista, quien señala que para aplicar esta opción la Asamblea tendría que incursionar en una de las causales estipuladas en la Constitución: arrogación de funciones, obstrucción al plan nacional de desarrollo o genere escenarios de grave crisis política y conmoción interna. “El contexto no es el mismo que el de 2021 y ahora no encuentro causas para que el presidente opte por esa vía”, continúa Quintana y advierte que, en el caso que se aplique dicha alternativa, en las elecciones generales que habría que adelantar, ganaría el correísmo.
EL CAMINO AL JUICIO POLÍTICO
Los constitucionalistas consultados por EXPRESO señalan que, en caso que la comisión ocasional recomiende el juicio político del presidente, esta resolución deberá ser tramitada por un magistrado de la Corte Constitucional.
Para su procesamiento, el ente constitucional tendrá tres días. En caso que lo viabilice, el Pleno de la Asamblea deberá continuar con el proceso parlamentario previsto en la Ley de la Función Legislativa. En caso que no lo viabilice, el caso queda desestimado.
