La muerte de Norero aviva las sospechas

Leandro Norero tenía dos audiencias pendientes para el 3 y el 13 de octubre de este año. A las 10:30 del lunes 3, la jueza Glenda Ortega Marcial, titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Samborondón, provincia del Guayas, iba a formularle cargos.

La diligencia fue solicitada por el fiscal general subrogante Wilson Toainga y era por posible organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Pero nunca se pudo instalar porque Iván Andrés Parrales Soledispa, el nuevo abogado autorizado para que asuma su defensa desde el 28 de septiembre, no acudió. Aunque justificó su ausencia de la diligencia.

Norero estaba preso desde el 25 de mayo, cuando fue detenido en un operativo por supuesto lavado de activos. El 27 de mayo fue trasladado de la cárcel de Guayaquil a la de Cotopaxi. La última vez que fue visto con vida estaba sentado en la zona de transitoria, según indicaron quienes acudieron al acto de clausura del censo penitenciario.

Y la segunda audiencia a la que había sido convocado era por ese delito. Debía realizarse el próximo 13 de octubre, a las 09:30, en la Unidad Judicial de Samborondón, en Guayas.

En junio, durante su comparecencia a la Asamblea, el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, apuntó a Norero como una pieza importante para el afianzamiento de pequeñas agrupaciones delincuenciales que luego se convirtieron en bandas criminales.

A Norero se lo señalaba por ser el financista de las actividades de al menos cinco organizaciones delincuenciales rivales a las que se ha atribuido el repunte de la violencia en varias provincias, como Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, por el control de los territorios para la distribución y venta de droga. A las mismas bandas se ha atribuido la autoría de las masacres carcelarias ocurridas en Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Latacunga y otras. De Norero se sospecha, según las investigaciones policiales, que habría sido persona de confianza del exlíder de los Choneros Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña.

Él fue asesinado en Manta a finales de 2020. Su puesto en el mundo criminal fue disputado entre alias Junior y alias Fito, identificados como cabecillas de Los Choneros.

Es en ese contexto que a Norero se lo investigaba por el supuesto delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico y su posterior respaldo a las mafias que han provocado cerca de 500 muertos en las cárceles.

Según fuentes de Inteligencia, serían precisamente los nexos con Los Choneros los que provocaron su muerte. Tras conocer el deceso de Norero, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, escribió en su cuenta de Twitter que “se conoce que hace pocos días se realizó la explotación del teléfono y se habrían encontrado contactos con varios líderes políticos”.

Situación que la Fiscalía etiquetó como ‘falso’. “La explotación del teléfono de Leandro N. se hizo en audiencia privada dentro de la instrucción fiscal - con la debida autorización judicial-, su materialización está en cadena de custodia y es parte del expediente”, señaló ese organismo en su cuenta de Twitter.

Según fuentes de Inteligencia, algo fuerte habría en el celular que le incautaron a Norero en la primera detención.

Con su asesinato ocurrido la tarde del lunes 3 de octubre en la cárcel de Cotopaxi, los procesos judiciales activos que tenía Leandro Norero se extinguen para él.

El penalista Pablo Encalada señala que la responsabilidad penal es personal. Por ello una de las causas de extinción de la acción penal es la muerte del procesado, “lo que significa que ya no se puede perseguir sus delitos y declarar su culpabilidad, esto es que murió siendo inocente. Lo que no significa que no se deba perseguir a otros partícipes del delito”.

Por ejemplo, la diligencia en la que debía recibir cargos por organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de drogas.

Lo propio ocurrirá en el caso de lavado en el que la audiencia se ha convocado para el 13. No así para los demás procesados. En esa situación se encuentran su hermano Israel William, su esposa Lina Paola Romero, su hermano Juan Sebastián Romero, Lisseth Ennish, Johana Zambrano, Pablo Corozo, Carlos Párraga, Bethy Tigua y las compañías y otras firmas relacionadas con el fallecido.

El dictamen en ese caso se presentó el pasado 26 de septiembre. En ese mismo caso de presunto lavado de activos el hermano de Norero, Israel William presentó en Santo Domingo de los Tsáchilas un habeas corpus, a las 11:37.

La acción constitucional es en contra del juez Ronald Xavier Guerrero Cruz, de la Unidad Judicial Norte 2 con sede en Guayaquil, contra el director de la cárcel de Cotopaxi.

La competencia del caso se radicó en la Sala Multicompetente de Santo Domingo, en la Unidad Judicial Norte 2 Penal.

El caso ya cuenta con acusación particular y el reconocimiento de la firma que se hizo a mediados de septiembre pasado en un juzgado de Quito por deprecatorio de la jueza a cargo de la causa.

Norero también fue sospechoso de posible tráfico de armas de fuego. Se le había señalado para las 10:00 del 30 de agosto a una audiencia de formulación de cargos que no se realizó porque el procesado, a través de la ventanilla virtual, presentó un escrito haciendo conocer que había cambiado de abogado. 

Amotinamiento

Angustia afuera de la cárcel

A 16 subió el número de asesinados producto de los incidentes en la cárcel de Cotopaxi ocurridos entre el lunes y martes. 14 de ellos fueron ya identificados.

Hay 43 heridos, según el último reporte del Servicio Nacional de Atención (SNAI). Este martes hubo lágrimas de dolor e incertidumbre en los familiares de los reos. Detonaciones de armas de fuego. Mujeres privadas de libertad en los techos... Así se vivió la jornada en la cárcel de Cotopaxi tras un nuevo incidente registrado cerca del área de visitas.

Sucedió cuando personal policial realizaba un control en los pabellones de mediana y mínima seguridad, donde hubo los primeros enfrentamientos entre presos la tarde del lunes.

Dentro de las víctimas mortales está Leandro Norero, alias Patrón, quien estaba recluido por delitos relacionados al narcotráfico.

Eran las 11:00 de ayer y se oían gritos desde el interior de ambas áreas. Afuera, Genoveva Malucín escuchaba los últimos audios que le envió su esposo Juan Carlos Bances mientras masacraban a los presos en el primer incidente.

Su pareja estaba en el pabellón de mediana seguridad y, según la mujer, él era uno de los trabajadores de Norero. En los audios, su esposo le especificaba que están matando a los líderes, entre ellos su jefe. “Decapitaron a 10”, dijo.

Bances, quien cumplía 10 años por tráfico de drogas, recibió un disparo en el pecho, pero logró sobrevivir. Él es uno de los heridos que aún permanecen en casas de salud de Latacunga.