Las muertes violentas han aumentado en un 140 % tan solo en el mes de enero

No termina enero y se superó el número de muertes violentas en relación con el mismo período del año anterior. La Policía Nacional contabilizó hasta la madrugada de ayer 180 asesinatos en todo el país. En 2021, hubo 75 fallecidos.

Frente a esta situación la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, no se ha pronunciado hasta el momento. Tampoco el viceministro del Interior, Max Campos. Diario EXPRESO solicitó a esta cartera de Estado el detalle de las acciones para evitar el crecimiento de la tendencia y hasta el cierre de esta edición no hubo contestación.

John Garaicoa, experto en seguridad, analiza este comportamiento y espera que las autoridades trabajen en una respuesta contundente, caso contrario el mensaje sería otro.

“Llama mucho la atención este silencio, parece que también estuviesen amenazados y creo que por eso, no vemos cómo se hace una limpia verdadera en sitios plenamente identificados, donde hay un comportamiento osado por los grupos delictivos”.

Por su lado, Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sostiene que otra interpretación al silencio: es la zozobra “porque la situación se le ha salido de las manos, porque aún no hay respuesta u hoja de ruta”. Apunta que en estos momentos los representantes del Estado deben ser cautos con el mensaje que emiten en sus discursos y respuestas.

“La gente que tiene miedo, es una sociedad que se hace más violenta por querer protección. Hay que ver las cosas en el conjunto de acciones que alientan al tipo de decisiones, porque la ciudadanía sale en un estado de pánico y con una actitud hacia la violencia, es un efecto degenerativo muy fuerte y complica mucho la intervención y gobernanza en seguridad”, expresó.

A pesar que el estado de excepción terminó a finales de diciembre, el presidente Guillermo Lasso dispuso que las Fuerzas Armadas permanezcan en los controles de la Policía Nacional. En este punto, Garaicoa identifica falencias. En primer lugar, porque 9 de las 10 muertes violentas son ejecutadas con armas y justamente los militares tienen entre sus competencias el control de las mismas en el interior del país.

“Ahora es casi normal que se encuentren fusiles por todo lado, entonces se les ha escapado el control de armas. Indistintamente de cualquier estado de emergencia se debe hacer el efectivo control de armas, hay guerra en sectores identificados, ahí deben usar el tanque de guerra y todo lo que tienen, pero primero el trabajo de inteligencia para terminar con el problema de raíz”.

Por su parte, Pontón indica que las cifras de 2022 son una respuesta contundente de que no se trata de un problema de enfrentamiento de bandas por disputa de poder o de un efecto por los grandes decomisos de droga como han manifestado las autoridades en ocasiones anteriores.

“Lo que estamos viviendo es un déficit muy profundo de la capacidad del Estado de controlar su propia violencia y pensar que el problema se reduce a incautaciones de droga es una mentira... La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué crece el homicidio en un 50 % de las provincias donde no hay registro de presencia de bandas delictivas? Aquí hay un grave deterioro de la convivencia social del país y eso es muy peligroso”.

De esta forma, apunta que se debe trabajar aún más en acciones de inteligencia y de forma “holística” como trabajos preventivos del delito, la investigación criminal y la inteligencia para desarticular grupos y detectar infiltraciones.