Las multinacionales del crimen quedan expuestas cuando lavan

Ecuador es tierra fértil para el lavado de activos. Para el embajador de Italia, Giovanni Davoli, el monto de capitales ilícitos blanqueados en el país corresponde al 30 % del Producto Interno Bruto, es decir unos 30.000 millones de dólares.  

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Si bien no hay una cifra oficial, los procesos judiciales en los últimos años muestran cómo la mafia actúa como si se tratara de una empresa. Tienen abogados, contadores, funcionarios públicos, policías, jueces, notarios, periodistas y empresarios que están dispuestos a prestar sus servicios profesionales para esconder las ganancias ilícitas.

Los casos Metástasis, Pampa y Euro 2024 revelan que los cabecillas se mueven silenciosamente como empresarios y dueños de exportadoras de banano, camarón, pescado, de compañías constructoras, de transporte de carga pesada y equipo caminero y de empresas de seguridad privada. 

La modalidad de las mafias

En el caso Euro 2024 quedó de manifiesto la presencia del Cartel Balcánico en Ecuador, pues los operativos en noviembre pasado dejaron ocho personas arrestadas en Serbia por tráfico de cocaína, una operación en la que colaboraron Europol y las Policías de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia.

En Ecuador, Jezdimir Srdan, persona de nacionalidad serbia, fue arrestado como parte de la misma red de narcotráfico. Las actividades ilícitas de Srdan comenzaron en 2013, cuando llegó al Ecuador. Dos años después fue detenido con 153 kilos de cocaína y condenado a 16 años de prisión. Logró reducir su pena a 10 años y tras haber cumplido cuatro años fue liberado.

Todo este tiempo actuó sin ser detectado. En 2020 compró, junto con su pareja, una empresa de seguridad privada constituida en la década de los 90. En ese mismo año creó otra empresa dedicada a la venta de bienes inmuebles y en 2022 cambió su giro de negocio para dedicarse a la pesca, extracción y comercialización de camarones.

El caso todavía está siendo investigado, pero la Fiscalía indica que las empresas del serbio recibieron transferencias internacionales desde Alemania por un monto de 1,7 millones.

La misma modalidad caracterizada por el sigilo se vio en el caso Pampa, en cuya cúpula está el albano Dritan Rexhepi, quien está llamado a juicio por un lavado de 43 millones de dólares en Ecuador. 

Otras personas ya fueron sentenciadas, pero él recién el pasado 8 de enero fue extraditado desde Turquía a Albania y su juicio en Ecuador está paralizado hasta que comparezca. Según la Fiscalía, lavó 43 millones en el país a través de empresas exportadoras de frutas y mediante la compra de bienes como terrenos, casas y vehículos. 

Las autoridades deben controlar más el dinero

“La criminalidad organizada no solo actúa con violencia, no usa solo amenaza, busca cambiar el Estado de Derecho a través de la infiltración (...) y la forma de infiltrarse es a través del lavado de activos, que también es el talón de Aquiles de la criminalidad organizada”, explicó Giovanni Tartaglia Polcini, presidente mundial de Sport Integrity Global Alliance, en su presentación en el Seminario Internacional de Lavado de Activos que se efectuó el 17 de febrero. 

Tartaglia indica que el lavado de activos no es un delito común, sino el “delito principal para el combate al crimen organizado”. Explica que actividades como el narcotráfico generan inmensas cantidades de dinero físico, pero que el poder de las mafias comienza cuando logran ingresar esos billetes en la economía. “Lavar es una necesidad para ellos, (pero) es el momento cuando son expuestos al control de las autoridades”.

A través de las empresas de Roberto Carlos Álvarez Vera (alias Gerente) y sus hijos, la Fiscalía detectó que este colombiano era un cabecilla de los Comandos de la Frontera (CDF), una narcoguerrilla que trafica drogas desde Colombia hacia Ecuador, por Putumayo.

De nuevo: se mostraba como empresario. Construyó el Megacentro Ferretero Alvial, la constructora Inmob, la compañía Industria Agrícola y Ganadera Kaeri y otras más.

• Norma. La pena por lavado de activos, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede ir desde uno a trece años de prisión.

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