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10 años después de Fukushima: la ONU pide inversión para prevenir desastres
Como consecuencia del terremoto y tsunami de 2011, 18.400 personas murieron o desaparecieron
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este miércoles a los países inversión para prevenir desastres, coincidiendo con el décimo aniversario del terremoto y tsunami que desataron el accidente nuclear de Fukushima, en Japón.
“Para prevenir y gestionar desastres los países tienen que planificar, invertir, dar avisos tempranos y ofrecer educación sobre qué hacer. Y deben dar prioridad a los más vulnerables, como los ancianos y los discapacitados”, señaló Guterres en un mensaje en vídeo.
En ese sentido, el diplomático portugués destacó que Japón “está liderando al mundo en lo que se refiere a prevención de desastres”, invirtiendo de manera importante para reconstruir de forma más segura durante los últimos diez años.
En su mensaje, Guterres trasladó sus condolencias a los japoneses por los sucesos de 2011 y recordó a las 18.400 personas que murieron o desaparecieron como consecuencia del terremoto y el tsunami.
También se acordó de quienes continúan desplazados de sus hogares por cuestiones de seguridad en torno a Fukushima, la accidentada planta nuclear cuyo desmantelamiento se prolongará al menos hasta mediados de siglo.
El Gobierno de Japón indicó hoy que sigue investigando el impacto de la radiactividad sobre la salud pública en Fukushima a raíz de la crisis nuclear de 2011.
Este lunes, un informe de la ONU aseguró que no es posible "demostrar un aumento de la incidencia de una enfermedad por la radiación", si bien menciona la subida de los casos de cáncer de tiroides entre jóvenes, que sin embargo achaca a otros factores.
"No se ha documentado ningún efecto adverso de salud entre los residentes de Fukushima que sea directamente atribuible a la exposición a la radiación del accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi", sentencia el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación Atómica (Unscear).
La conclusión coincide con la de las autoridades japonesas, aunque es cuestionada por organizaciones como Greenpeace o Human Rights Watch.