Los albergues de refugiados en Brasil, en alerta por las nuevas restricciones

Brasil, un país conocido por su política de brazos abiertos hacia inmigrantes y refugiados, ha sorprendido con nuevas restricciones para los solicitantes de refugio que han puesto en alerta a ONG y activistas de derechos humanos.

Entre las instituciones que han expresado su preocupación está el centro Missão Paz, ubicado en la ciudad de São Paulo y que alberga en sus edificios de ladrillo rojo a 70 personas de 15 nacionalidades diferentes, muchas de ellas con trámites de refugio en curso.

Sentado en un banco, espera la hora del almuerzo el nigeriano Abraham Abili, un hombre de 29 años que decidió abandonar el país africano después de que su padre fuera secuestrado por unos milicianos, que también lo amenazaron a él.

Surcó el océano Atlántico durante 14 días subido al timón de un buque de contenedores, a metro y medio de las olas, con galletas y 20 litros de agua por todo sustento. Cada día, para ahorrar líquido, él y otras dos personas bebían apenas un vaso entre todos.

“Buscaba un lugar lejos y seguro donde tener una mejor vida, aunque todavía no tenemos documentos, teléfonos para hablar con nuestros familiares…”, cuenta Abili, quien duerme y recibe asistencia jurídica en el centro.

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Inaugurado hace medio siglo, este espacio ha sido testigo de varios éxodos: vietnamitas que huían de la guerra civil; chilenos, de la dictadura de Augusto Pinochet; haitianos, del terremoto; y más recientemente, venezolanos y afganos.

“Brasil siempre fue un país acogedor donde no se ve al migrante como a un criminal… Por eso, los cambios nos dejaron sin palabras”, explica  el director del centro, el padre Paolo Parise, de 57 años.

A finales de agosto, el Gobierno del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva decidió impedir que los pasajeros que llegasen al aeropuerto internacional de São Paulo en tránsito hacia otro destino pudiesen solicitar refugio en Brasil. Ahora tendrán que continuar su camino o volver a sus países de origen.

Las peticiones en el aeropuerto se han disparado, de 69 en 2013 a 6.329 entre enero y agosto de este año, y las autoridades sospechan que muchos solicitantes no son realmente refugiados huyendo de conflictos y persecuciones, sino personas que buscan llegar a EE.UU. por tierra y por razones económicas.

El Gobierno defiende que la nueva norma para los viajeros en tránsito es legal y que solo intenta prevenir el uso “abusivo” del refugio por parte de migrantes que son "orientados" por organizaciones criminales.

Las restricciones se van a implantar en pleno repunte de las solicitudes de refugio, que crecieron un 16 % en 2023 respecto al año anterior, según datos oficiales. Las 58.628 peticiones recibidas el año pasado, la mitad de ellas de venezolanos, son el tercer mayor número desde 2011.

En este contexto, las asociaciones humanitarias sostienen que la norma contradice la legislación internacional y que hay otras formas de combatir el tráfico de personas sin meter a todos en el mismo saco.

“Se puede castigar a los criminales, pero no a los migrantes… Además, que haya algunas personas que utilicen Brasil como lugar de tránsito no es una razón para impedir las peticiones de refugio para todos”, dice Parise.

Varias organizaciones humanitarias están conversando con el Gobierno para tratar de suavizar la norma e introducir excepciones para ciertas nacionalidades, como afganos y sirios.

Sin embargo, esta restricción no es la única medida reciente que preocupa. Desde hace un año, para evitar que acampen durante semanas en el aeropuerto, el Ejecutivo condiciona el visado humanitario para refugiados afganos a la existencia de plazas en los albergues de la sociedad civil.

"En el fondo se reduce la posibilidad de entrada. Tenemos refugiados aquí que están esperando a cónyuges e hijos que no consiguen llegar de Afganistán", explica Parise.

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