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La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícitoJulio Melendrez

"Allanamiento a Boluarte quiebra la constitucionalidad", dice el Gobierno de Perú

Fiscales y agentes policiales allanó durante cinco horas el domicilio de la presidenta de Perú

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, afirmó este sábado 30 de marzo que el allanamiento del domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, y del Palacio de Gobierno como parte de una investigación fiscal preliminar, muestra el resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad.

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"Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad", afirmó Arana junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Arana detalló que más de 20 policías y 20 fiscales se presentaron en el domicilio de Boluarte y en el Palacio de Gobierno durante el allanamiento y que este responde a una "medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal".

El ministro dijo que se había dado un uso indebido de la Justicia por parte del Poder Judicial y la Fiscalía.

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Cerca de la medianoche del viernes, un equipo de fiscales y agentes policiales allanó durante cinco horas el domicilio de Boluarte, y a continuación, ya en la madrugada del sábado, hicieron lo mismo en el Palacio de Gobierno, como parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la mandataria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Adrianzén, también afirmó que es "inconstitucional y desproporcionado" el allanamiento y desminitió que la mandataria fuera a renunciar.

Dijo que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta por la presunta comisión de los delitos que se están investigando.

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