Aportes y retos de la ley boliviana antiviolencia que políticos quieren cambiar

La polémica que levantó en Bolivia la propuesta de senadores oficialistas para reformar la ley contra la violencia machista por considerarla 'antihombres' llevaron a la reflexión de las organizaciones feministas sobre los claros y oscuros de los 11 años de vigencia de la norma en el país, donde cada cuatro días ocurre un feminicidio.

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Promulgada en 2013, la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia', o Ley 348, fue producto de una larga lucha de las mujeres bolivianas en "respuesta" a una problemática que "lamentablemente sigue vigente", dijo la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

"El que se plantee ahora que la Ley 348 está enfrentando a hombres y mujeres está cuestionando que cada vez más mujeres identifican que son víctimas de violencia y que no quieren vivir más así", sostuvo.

Sánchez lamentó la "tergiversación por parte de ciertos grupos" en torno a la ley y alertó que esto está generando una "animadversión y un rechazo a hablar de derechos". La violencia hacia las mujeres "es una de las principales vulneraciones a sus derechos y eso justifica una respuesta del Estado" que es "mandatoria desde la Constitución y diferentes instrumentos internacionales", dijo la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.

Camino recorrido

Bayá destacó que la Ley 348 tiene un "enfoque integral", pues además del aspecto punitivo, plantea trabajar en la prevención para que los casos de violencia se reduzcan efectivamente "en algún momento".

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Según la activista, había formas de violencia que no eran atendidas "específicamente" por el Estado y que fueron identificadas en la norma, como la figura penal del feminicidio, que antes se juzgaba como "homicidio por emoción violenta" o "asesinato" y ahora se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en el país.

Con la norma también se modificaron algunos delitos de violencia sexual para que las víctimas busquen justicia en caso que antes "no eran atendidos adecuadamente y tenían penas mucho más bajas", explicó Bayá.

Por ejemplo, se anuló la figura del "rapto con mira matrimonial" que permitía a los agresores sexuales casarse con sus víctimas para evitar ser sancionados, y el delito de "abuso deshonesto" se tipificó como "abuso sexual".

Información falsa

Los sectores críticos de la norma alegan que un hombre denunciado por algún delito incluido en la ley es encarcelado de inmediato, lo que "es falso", pues como en cualquier otro suceso, la denuncia es el inicio de la investigación penal, aseguró Sánchez.

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En un diálogo con periodistas sobre los alcances de ley, Bayá explicó que en sus 11 años de vigencia se registraron más de 400.000 denuncias por distintos delitos. Si fuera cierto que los hombres son enviados a prisión con solo una denuncia, las cárceles bolivianas, en las que actualmente hay unos 31.000 reclusos, estarían saturadas con estos casos, indicó.

Tampoco es cierto que la mayoría de los casos por violencia machista sean denuncias falsas, como aseguran los detractores de la norma apelando sobre todo a la cantidad de denuncias rechazadas o sobreseídas, pues la misma norma plantea que una acusación falsa debe ser juzgada.

Retos

La aplicación de la ley no ha sido ajena a la crisis que persiste desde hace décadas en la Justicia boliviana y varias veces las organizaciones feministas han reclamado que la norma no se aplica plenamente por falta de presupuestos y personal especializado, o por las demoras procesales que son el común en el sistema judicial.

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Estas entidades consideran que la reforma propuesta por los senadores oficialistas, que también ha sido criticada por el Gobierno de Luis Arce, resta valor al testimonio de una víctima de violencia sexual, lo que supone un retroceso en el modesto avance logrado para evitar la revictimización.

Las organizaciones feministas han planteado ajustar la norma para fortalecerla mediante la inclusión de tipos penales que en su momento no se tuvieron en cuenta, como la violencia digital o la obstétrica, indicó Bayá.

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