En Bolivia denuncian pactos de "alternancia" que les obligan a dejar sus cargos
Representante revela que ocurre en municipios rurales e interurbanos y es un procedimiento "inconstitucional"
Un conflicto en el municipio boliviano de Sacaba (centro) muestra cómo los llamados pactos de "alternancia", a los que deben someterse las autoridades electas, se aplican para conseguir renuncias forzosas y que en el caso de las mujeres adquieren niveles de violencia altos.
Tania Sánchez, representante de la Coordinadora de la Mujer, dijo a EFE que la "alternancia" comúnmente "sucede en municipios rurales e interurbanos" y es un procedimiento "inconstitucional" puesto que la legislación de país no prevé que alguien electo para cumplir una función de 5 años deba renunciar a la mitad de su mandato.
Los acuerdos alternancia son tratos implícitos en los que las autoridades designadas en una elección se comprometen a abandonar su cargo en la mitad de su gestión, algo que si no se hace adquiere niveles dramáticos cuando el que reclama el cargo es un varón y la forzada a renunciar es una mujer.
Reconocen que "hay una presión"
Sánchez explicó que "hay una presión" diferente cuando las afectadas son mujeres concejalas, ya que sufren violencia y acoso "en distintos niveles" como hostigamiento a sus familias, agresiones físicas y críticas dirigidas a su integridad moral o capacidades para desempeñar el cargo.
En Sacaba, municipio contiguo a Cochabamba, la situación se desbordó en mayo pasado cuando ocho concejales, de los que cinco son mujeres, quedaron desplazados por quien se atribuye la presidencia de esa instancia y que con el respaldo de un par más habilitó a los suplentes para reemplazarlos.
Sánchez mencionó que las formas de violencia contra las concejalas mujeres han recrudecido en el contexto de la pugna en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), dividido entre las facciones leales al expresidente Evo Morales (2006-2019) y los sectores que respaldan al mandatario Luis Arce.
Acoso y violencia
La concejala de Sacaba Martina Rojas señaló a EFE que desde mayo pasado los ocho concejales apartados han dejado de recibir su salario, que han sido blanco de agresiones físicas, se les quitó los teléfonos móviles y se les procesa en una comisión de ética.
