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Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro salen de las tiendas de campaña en un campamento, hoy lunes 9 de enero, frente al Cuartel General del Ejército, en Brasília (Brasil).EFE / Andre Borges

Brasil retoma la calma tras los ataques de los seguidores de Jair Bolsonaro

La Justicia investigan a los responsables en el asalto a las sedes de los tres poderes. Hay 1.500 detenidos por los disturbios

Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes 9 de enero de 2023 en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.

Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las pasadas elecciones, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban. Con esto Brasil retoma la calma, tras el ataque de los golpistas.

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Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra. Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo 8 de enero por su responsabilidad en los ataques.

Mientras tanto, un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de este domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva”, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

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Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos la tarde del domingo en la capital brasileña.

Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese período.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

Por otro lado, las autoridades brasileñas han encontrado restos de sangre, heces y orina en el interior del Palacio de Planalto de Brasilia -sede del Gobierno-, que el domingo fue invadido y vandalizado por radicales bolsonaristas, en un intento por derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro de la Secretaría de Comunicación, Paulo Pimenta, dijo que el material orgánico hallado en el palacio presidencial servirá para identificar a los “criminales” que provocaron el caos en la capital brasileña durante cuatro horas y media.

Este lunes 9 de enero, con la situación ya bajo control y tras 1.500 detenidos, se pudo observar el nivel de destrucción que asoló los edificios que albergan la Presidencia, el Parlamento y el Supremo.