¿Qué ha cambiado en la política migratoria de EEUU con Trump y qué sigue en curso?
Un vistazo de cómo ha cambiado hasta ahora la política migratoria estadounidense con Trump y lo que aún no ha ocurrido
En los albores de su presidencia, Donald Trump dejó claro que su administración sería un torbellino de acción y controversia. Apenas unos días después de asumir el cargo, estampó su firma en diez órdenes ejecutivas que hicieron eco de las promesas que cimentaron su camino a la Casa Blanca: deportaciones masivas, reforzamiento de la seguridad fronteriza y un mensaje inconfundible de "mano dura" en materia de inmigración.
Algunas medidas se sintieron de inmediato, desatando una mezcla de incertidumbre y temor en comunidades de inmigrantes. Otras, atrapadas en la maraña de procesos legales, quedaron suspendidas en un limbo incierto, y algunas más podrían convertirse en nada más que ecos lejanos de promesas incumplidas. Sin embargo, la sombra de estas acciones ya había logrado algo poderoso: despertar el miedo y la resistencia en igual medida.
En el centro de todo, una cuestión crucial: el dinero. Trump, acostumbrado a manejar grandes proyectos, ahora enfrenta la realidad de que incluso las ideas más ambiciosas requieren un respaldo financiero colosal. Se esperaba que el Congreso se convirtiera en un campo de batalla para decidir hasta dónde llegarían los fondos necesarios. Pero el presidente, fiel a su estilo combativo, mantenía en su arsenal la posibilidad de recurrir a poderes de emergencia, como ya lo hizo en el pasado para el polémico muro fronterizo.
La agencia de noticias estadounidense AP realizó una revisión de cómo estos primeros pasos del magnate repúblicano ha cambiado hasta ahora la política migratoria estadounidense y lo que aún no ha ocurrido:
UNA OLA DE ARRESTO SOBRE LA MIGRACIÓN ILEGAL
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha dicho que efectuó un promedio de 710 arrestos diarios entre el jueves 23 y el lunes 27 de enero de 2025, frente a la media diaria de 311 en un período de 12 meses hasta el pasado septiembre durante la presidencia de Joe Biden. Si esa tasa se mantiene, superaría el récord previo del ICE, que se estableció con Barack Obama en la Casa Blanca, con un promedio de 636 en 2013.
Los números se dispararon desde del domingo e incluyeron operaciones muy publicitadas como las que se llevaron a cabo en Atlanta, Dallas y, sobre todo, en Chicago.
El gobierno de Trump ha destacado la participación de otras agencias en las operaciones del ICE, a diferencia de lo que ocurría con su predecesor. Colaboraron el FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos —todas dependientes del Departamento de Justicia—, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye a la Patrulla Fronteriza y depende de Seguridad Nacional.
Emile Bove, el fiscal general adjunto interino, supervisó los arrestos en Chicago el domingo como una señal de la creciente implicación del Departamento de Justicia, según recoge AP.
Trump amplió las prioridades de detención a cualquier persona que esté en el país sin la documentación pertinente, no solo a aquellas con condenas penales, amenazas a la seguridad pública o nacional y migrantes detenidos en la frontera. Algunos apuntaron que esto era ya habitual para el ICE, al menos hasta ahora.
“No hay nada único en ello”, dijo Andrew Arthur, un exjuez de inmigración y miembro del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de investigación y defensa partidario de restringir la inmigración.
Espera más medidas de este tipo en las próximas semanas y cree que el Congreso aprobará fondos para habilitar hasta 80.000 camas, casi el doble de la cifra actual, según la versión que recoge AP. El ICE necesita el espacio para retener a las personas mientras se desarrolla cualquier procedimiento legal y organiza las deportaciones.
DEP´ORTACIONES Y REACCIÓN REGIONAL
El ICE no ha dicho a cuántas personas deportó desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero el gobierno ha hecho hincapié en los vuelos de expulsión, incluyendo el uso de aviones militares.
Con Biden, la agencia deportó a más de 270.000 personas en un período de 12 meses hasta septiembre. Fue el dato anual más alto en una década, impulsado por el incremento de los vuelos de deportación, para los que no se emplearon aviones militares.
En un episodio que puede indicar una diplomacia más agresiva hacia los gobiernos que resistan o nieguen a recibir a sus ciudadanos, Trump dijo el domingo que elevaría los aranceles a Colombia en un 25% después de que su presidente, Gustavo Petro, se negó a permitir el aterrizaje de dos aviones militares con deportados. Trump pausó las medidas arancelarias cuando su homólogo cedió.
Trump, afirmó este lunes -según lo que recoge la agencia española EFE{, que el conflicto diplomático con Colombia le ha dejado la lección de que su filosofía de "la paz se logra con fuerza" funciona.
A bordo del avión presidencial Air Force One, una periodista le preguntó qué había aprendido de la disputa con Colombia, a lo que respondió brevemente: "La paz se logra con fuerza". En otro momento de la conversación con la prensa, Trump aseguró que, al final, "todo ha salido muy bien con Colombia". "Agradezco que hayan aceptado hacer lo que queríamos", afirmó el mandatario mientras regresaba a Washington tras intervenir en una reunión del Partido Republicano en Florida.
Un avión de transporte militar C-27 aterrizó el lunes en Guatemala con 80 deportados, esposados y engrilletados, a bordo. “Es mi primer intento del año y no sé si lo intentaré de nuevo porque es difícil”, dijo Jacobo Dueñas, de 38 años, quien fue arrestado el viernes en la frontera de Texas.
El nuevo gobierno estadounidense facilitó que el ICE lleve a cabo las deportaciones sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración al ampliar la autorización de “expulsión acelerada” a nivel nacional para cualquier persona en el país hasta dos años. La Unión Americana de Libertades Civiles recurrió las deportaciones rápidas ante los tribunales.
ALGUNAS MEDIDAS ALTAMENTE POLÉMICAS
El gobierno federal eliminó una política que impedía las detenciones en “lugares sensibles”, incluyendo escuelas, hospitales y lugares de culto. Dijo que se podrá deportar a quienes ingresaron al país de forma legal con un permiso, una autoridad presidencial que Biden usó más que ningún otro presidente.
También amenazó con castigar las jurisdicciones “santuario” que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
A esto se suma la deshabilitación de una aplicación fronteriza que permitía que los migrantes entrasen al país con permisos de dos años que les daban la posibilidad de trabajar, lo que canceló decenas de miles de citas agendadas hasta principios de febrero de personas que esperaban en México. Casi un millón de personas ingresaron a EE.UU. por los pasos terrestres con México utilizando CBP One.
También eliminó una política que permitió que más de 500.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volaran al país con permisos de dos años si tenían un patrocinador financiero.
Pero hay otras acciones que tomarán más tiempo en desarrollarse. Trump consiguió la aprobación de México para reinstaurar una política distintiva de su primer mandato, “Permanecer en México”, que exige que los solicitantes de asilo esperen en el país vecino sus citas para comparecer ante los tribunales migratorios estadounidenses.
PERO ESO NO ES TODO
Donald Trump ordenó la suspensión del programa de reubicación de refugiados investigados en el extranjero antes de su ingreso a Estados Unidos, alegando la necesidad de una nueva revisión. Este programa, que ya había sido prácticamente desmantelado durante su primer mandato y resucitado por Joe Biden, volvió a ser blanco de las políticas restrictivas de Trump. En respuesta, el Departamento de Estado instruyó a las organizaciones que brindan apoyo a refugiados, como vivienda temporal y capacitación laboral, a cesar sus actividades de inmediato, dejando a miles de personas en incertidumbre y paralizando una red de asistencia clave para los más vulnerables.
El Departamento de Justicia también dijo a los grupos de ayuda legal que dejasen de trabajar en programas federales que ayudan a comprender la complicada legislación a las personas en los tribunales de inmigración y centros de detención, según la evaluación de AP.
Trump anunció la eliminación de la concesión automática de la ciudadanía a los niños que nacen en suelo estadounidense, un derecho establecido en una enmienda constitucional en 1868. Un juez federal en Seattle ha paralizado la medida.
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