Chile decide el próximo 26 de abril si corta su último nexo con la dictadura de Pinochet
El Gobierno busca desarticular el estallido social que afecta el país. El plebiscito determinará si dejan atrás la Constitución de 1980.
Con la promulgación el lunes de una reforma que habilita la convocatoria de un plebiscito en abril, Chile se encuentra cada vez más cerca de decidir si quiere enterrar para siempre una Constitución que fue redactada en una de las etapas más duras de este país sudamericano: la dictadura militar de Augusto Pinochet.
“Este plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días”, indicó el presidente, el conservador Sebastián Piñera, durante la firma del histórico documento.
La ley, resultado de un acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, permite celebrar un plebiscito el 26 de abril para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo debería redactarla: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos.
Los manifestantes culpan a la actual Constitución, reformada más de 40 veces, de ser el origen de las grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional.
“La Constitución no es una vara mágica. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos”, agregó Piñera, flanqueado por algunos de los líderes de los principales partidos.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
El catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda), Javier Couso, indicó que, pese a que el voto en el primer plebiscito es voluntario, es muy probable que este salga adelante. “El proceso constituyente va a ser largo, laborioso, complejo, pero va a dar como resultado una Constitución elaborada en democracia, algo que sería inédito, pues nunca hemos tenido una Constitución que emane de un mecanismo democrático”.
Según la última encuesta Cadem, el 86 % de los chilenos está a favor de una nueva Ley Fundamental y un 61 % apoya una convención constituyente y un 36 % una convención mixta.
El sondeo también refleja que la gran mayoría es partidaria de incluir cuotas de género, para indígenas e independientes en la redacción del nuevo texto, una cuestión que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.
Para el sociólogo de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, la convocatoria del plebiscito es histórica, pero no va a solucionar la grave crisis en la que está sumido el país: “La gente pide profundas reformas estructurales en salud, educación y pensiones, no medidas sociales puntuales y livianas. Sin esas reformas, difícilmente vamos a superar el estallido social”.
Aunque tanto las manifestaciones pacíficas como los incidentes de extrema violencia (incendios, saqueos y barricadas) han bajado de intensidad, el experto augura un repunte de las protestas en marzo, cuando acabe el verano austral y se aproxime el plebiscito.
¿Por qué es tán criticada?
La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.
Uno de los cuestionamientos a esta Constitución se relaciona con los derechos sociales. El texto consagra un 'Estado subsidario' que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
"No es por 30 pesos, es por 30 años".
Con esta frase la BBC londinense inicia un análisis de las razones por las que los chilenos salieron a las calles y mantienen una reacción social que ni siquiera en estos días de festejos navideños se aplacaron. Aunque se han vuelto menos violentos que como en el inicio, en octubre pasado.
Los cambios en la Carta Magna
La de 1980
Aunque fue modificada varias veces, se la critica por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, uno de los motivos de las protestas.
Las reformas
La de 1989 derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado. Determinaba que ciertas ideologías políticas estaban prohibidas. La de 2005 acabó con la figura de los senadores designados, elegidos por las FF. AA. o la Corte Suprema.
