Chile: Gobierno se querellará contra responsables de triple asesinato policial
"Las querellas que va a presentar el Gobierno van a ser por homicidio contra Carabineros", dijo el subsecretario de Interior
El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció este domingo 28 de abril que el Gobierno se querellará contra los responsables del asesinato de tres policías ocurrido la madrugada del sábado 27 en la región del Bio Bío, en la zona centro-sur de Chile.
"Las querellas que va a presentar el Gobierno van a ser por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y por organización criminal", precisó Monsalve, quien aseguró que, si bien el Ejecutivo quisiera querellarse por Ley Antiterrorista, esta "no permitiría ser lo suficientemente eficaces ni aplicar las penas más altas".
Según Monsalve, si se consiguen acreditar las evidencias ante la Justicia, los tres delitos denunciados conllevan una pena de cadena perpetua calificada.
"Estamos aspirando a las penas más altas", agregó la autoridad en un punto de prensa desde el lugar de los hechos.
El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.
Se trata del peor ataque contra Carabineros, la Policía militarizada del país, en la historia reciente del país, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como habrían sido asesinados los agentes, según apuntan las primeras investigaciones.
Monsalve confirmó que este domingo se entregarán los cuerpos de los tres policías a sus familias y señaló, también, que se evaluarán las medidas de seguridad en la zona, donde varias localidades pasaron la noche bajo toque de queda.
Las regiones de La Araucanía y el Bio Bío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques, en su mayoría sabotajes incendiarios, de grupos armados.
Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado. EFE
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