Chile: buscan un millonario tesoro colonial con polémicas excavaciones

Un vuelo de aproximadamente dos horas y media separa Santiago, capital de Chile, del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández (PNAJF). Este territorio rico en biodiversidad marina y terrestre lo conforman tres islas: Santa Clara, Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe. Esta última isla alberga al único poblado habitado durante todo el año: San Juan Bautista. Allí, rodeado por el mar y por los mitos, se encontraría un antiguo tesoro que desde años busca un hombre apodado “El Gringo”.

Durante dos décadas la modalidad de trabajo que utilizó el busca tesoros en esta área protegida fue con pala y picota, pero en noviembre de 2019 la forma de trabajo cambió radicalmente al introducirse maquinaria pesada. Una retroexcavadora con un martillo mecanizado se instaló en el Parque Nacional —declarado Reserva de Biósfera por la UNESCO en 1977— generando una controvertida polémica ambiental y patrimonial.

• LA HISTORIA DEL TESORO

En 1994, el historiador y empresario Bernard Keiser, holandés nacionalizado estadounidense, arribó por primera vez a Robinson Crusoe. Su visita no era enteramente de placer: tenía indicios de que en la zona se encontraría un antiguo tesoro pirata.

Según Victorio Bertullo, historiador y amigo cercano de “El Gringo” —apodo con el que la comunidad local lo conoce—, Keiser encontró en la Cueva de Alejandro Selkirk, ubicada en la pequeña bahía de Puerto Inglés, en la isla Robinson Crusoe, “significativas escrituras” que datan del siglo XVIII.

Esperanzado por su hallazgo, Keiser partió a Sevilla, España, para investigar en detalle los “Archivos de Las Indias” relacionados a este período de la historia naval. El estudio confirmó sus sospechas y le permitió reconstruir parte de la historia.

Bertullo cuenta que en 1714, Juan Esteban Ubilla y Echeverría, general de la flota española que permanecía en Veracruz, México, llegó con un tesoro a Juan Fernández. Los archivos indican que la razón para hacerlo fue que en medio de la Guerra de Sucesión Española —entre 1700 y 1715 aproximadamente—, Ubilla descubrió una conspiración contra los Borbones, en la cual un sector de la nobleza “requisaba” riquezas en beneficio de los Habsburgos. Para evitar que esto le sucediera, Ubilla decidió esconder el tesoro en la isla Robinson Crusoe para luego, con ayuda secreta de los británicos, rescatar el botín.

Este, evidentemente, nunca se rescató. Sin embargo en 1950 fueron encontradas en el norte de Inglaterra unas cartas que indicaban, en forma codificada, el lugar donde se encontraría el tesoro. Estas cartas llegaron a manos del chileno Luis Cousiño quien buscó, sin éxito, el tesoro en el sector del poblado de San Juan Bautista.

Bertullo agrega que el historiador Bernard Keiser se suma a la aventura tras observar en un programa televisivo, sobre el archipiélago Juan Fernández, que María Eugenia Beéche —nuera de Luis Cousiño y residente isleña— poseía las cartas, más el inventario del tesoro. “El Gringo” rápidamente viajó a Juan Fernández, se contactó con Beéche y obtuvo los documentos.

Es así como en noviembre de 1998 un convencido Keiser aterriza en el aeródromo de Juan Fernández con el propósito de desenterrar, definitivamente, este valioso tesoro, valorado en cerca de $10 mil millones y que contempla 800 barriles con monedas de oro, joyas y piedras preciosas.

El cazatesoros ha invertido “más de US$5 millones”, dice Bertullo, agregando que la fortuna de Keiser se debe a un exitoso negocio de telas impermeables —que no se inflaman— que han sido empleadas en la industria hotelera y hasta en la NASA.

• UN POLÉMICO PROYECTO

Desde hace más de dos décadas, Bernard Keiser trabaja en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández (PNAJF). Desde que inició la búsqueda del tesoro, ha tenido que someter sus “exploraciones” al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), oficina estatal a cargo de evaluar y autorizar la gestión ambiental de diversos proyectos y actividades en Chile.

Existen dos mecanismos de evaluación: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La diferencia entre ambos mecanismos, aseguran abogados expertos consultados por Mongabay Latam, es que el último es una evaluación más laxa que el EIA y no exige una participación ciudadana obligatoria.

Pues bien, a lo largo de estos veinte años, todos los proyectos del cazatesoros han sido evaluados a partir de una DIA. Y aquí es donde nace la polémica. Organismos públicos y privados, sumados a la comunidad local, exigen que el último proyecto de Keiser —que contempla el uso de maquinaria pesada— se someta a una EIA, considerando los posibles daños ambientales y patrimoniales que provocaría la excavación en el área protegida.

En 2012, Keiser ingresó al SEA la Declaración de Impacto Ambiental “Sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, isla Robinson Crusoe”. Tras ser evaluada, el SEA calificó el proyecto como “una actividad favorable que tiene por objeto determinar la existencia de restos históricos que se situarían al interior de una caverna subterránea”. Fue así como Keiser obtuvo el permiso ambiental.

El problema, sin embargo, comienza en 2018, cuando presenta al SEA una modificación al proyecto para cambiar la modalidad de trabajo pasando de artesanal a maquinaria pesada.

Según documentos a los que tuvo acceso Mongabay Latam, para el SEA esta modificación no constituía cambios significativos, por lo que declaró que el proyecto no debía «someterse obligatoriamente al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)» antes de iniciar su ejecución. El Servicio precisó, además, que no era necesario evaluar sus impactos ambientales, pues “al ser una superficie de dimensión reducida (30 x 70 metros) no se evidencia la presencia de especies de fauna, vegetación o flora de relevancia ni en categoría de conservación”.

También justificó que la maquinaria sería utilizada para facilitar la remoción del material y la perforación de la roca madre, y luego para ejecutar la "devolución del material para la compactación y nivelación del terreno para el cierre de la superficie excavada".

Bernard Keiser obtuvo así la autorización que le permitió continuar con sus trabajos. Pero la historia no termina aquí ya que también necesitaba, para ingresar a realizar sus exploraciones en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, área administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), un permiso de ingreso emitido por dicha entidad.

La CONAF Valparaíso, oficina regional que le corresponde territorialmente la administración del PNAJF, no solo se negó a otorgarle el permiso de entrada sino que además le exigió a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) —autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales— que se pronunciara sobre la decisión del SEA, de autorizar las obras sin someterlas a una evaluación de impacto ambiental.

Entre los argumentos de CONAF Valparaíso se menciona que no es posible saber cuáles serán, en definitiva, las actividades concretas que Bernard Keiser ejecutará en el Parque Nacional y los efectos que ellas conllevarán.

Tras la negativa, Keiser interpuso un recurso de protección contra CONAF Valparaíso. Pablo González, presidente del sindicato de trabajadores de esta corporación, señala que debido a que “el director regional (de CONAF, Pablo Mira) no firmó el permiso, lo despidieron”. Tras meses de espera, el permiso se concedió bajo un Protocolo de Acuerdo firmado por José Manuel Rebolledo, exdirector ejecutivo de CONAF.

En conversación con Mongabay Latam, Rebolledo señaló que el protocolo fue una salida al riesgo de un fallo adverso contra CONAF, pues Bernard Keiser ya contaba con la autorización de los máximos organismos ambientales, aludiendo al SEA y a la SMA.

Desde otra arista, este hecho también ha causado gran molestia en el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile (CAARCH) por el impacto que los trabajos podrían generar en sitios arqueológicos aledaños a la zona de excavación.

Javiera Letelier, Directora del CAARCH, explica que las excavaciones en sitios arqueológicos deben ser realizadas por arqueólogos certificados, quienes deben pedir un permiso al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Para Letelier, lo grave del hecho es que “el SEA omitió el conducto regular y en vez de consultar al organismo técnico que reglamenta este tipo de intervenciones, es decir al CMN así como a CONAF, otorgó un permiso que no es de su competencia”. Asimismo Alejandra Vidal, consejera del CAARCH en el CMN, resalta que no hay que olvidar que “la misión del Sr. Keiser no es de carácter científico sino comercial” y que ello “contraviene la legislación chilena”.

Mongabay Latam tuvo acceso a la declaración del CMN que ratifica que no fueron consultados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ante la introducción de maquinaria pesada al interior del parque. Ante eso, el CMN acordó remitir los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado para que lo represente judicialmente, «con el propósito de determinar y perseguir las responsabilidades legales que correspondan por las infracciones a la Ley de Monumentos Nacionales”.

En entrevista con este medio, el SEA aclaró que en esta polémica a ellos no les corresponde fiscalizar: "Este Servicio no tiene facultad de fiscalización alguna, puesto que desde la plena entrada en vigencia de las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente en 2012 es de su competencia realizar el seguimiento y fiscalización de las RCAs (es decir, de los permisos ambientales)". Sin embargo, lo que se le increpa al SEA es que haya otorgado el permiso para que Keiser pueda operar con maquinaria pesada sin consultar a los organismos técnicos involucrados.

• LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En la entrevista concedida a Mongabay Latam, Keiser precisó que ha utilizado distintos métodos para detectar el tesoro, incluido el radar subterráneo y la detección electromagnética. Pero aclaró que por el tamaño, volumen y profundidad en la que se encontraría el botín, se vio obligado a utilizar maquinaria pesada. “A pesar de que encontré evidencia arqueológica, es necesario encontrarlo con excavaciones, utilizando una retroexcavadora”, dijo el explorador.

Según informes de CONAF Valparaíso de los años 2017 y 2018, Keiser ya incumplía en esos años con los acuerdos de trabajo. Los documentos señalan, por ejemplo, que el retorno de la basura se hacía una vez a la semana y no todos los días como dictaba la normativa, que no entregaba el informe mensual de las actividades y hallazgos de la obra, y que tampoco controlaba el ingreso de perros que llegaban hasta el lugar con los trabajadores (lo cual está prohibido).

Los informes también resaltan el impacto visual negativo del trabajo: “No se rellenó el sector de la excavación en su totalidad, quedando restos de tierra suelta en pendientes, expuestas a las lluvias, situación que se le comunicó al señor Bernard Keiser al encontrar el sector con modificación producto de los trabajos de excavación (…)”. Dicho de otro modo, el sector debía quedar sin rastros de la excavación, pero eso no se cumplió.

Guillermo Araya, funcionario de CONAF y administrador del PNAJF, cuenta que el uso de una retroexcavadora al interior del lugar es una vulneración al plan de manejo del parque debido a que el sitio de excavación se encuentra en “una zona de recuperación”, cuyo objetivo es la detener la degradación del suelo para posibilitar que se restaure.

Según Araya, el sector de Puerto Inglés ya contaba, antes de las excavaciones, con un alto grado de erosión. Luis Lara, geólogo y experto en vulcanología, explica que el principal problema de este fenómeno es que el suelo se deteriora lo que hace que se pierda la fertilidad de esas tierras. La erosión del lugar es producto de la pendiente pronunciada, del efecto del viento, de las fuertes lluvias que al año suman unos 1200 milímetros y al sobrepastoreo registrado en el pasado.

Araya agrega que en la última inspección que realizó CONAF detectaron una vez más que la zona autorizada queda mal tapada, «lo que significa que las aguas lluvias arrastrarán el material de sedimento hasta la zona de camping y el mar”. El administrador del parque explica que eso sucede debido a que, producto de los trabajos, el territorio ya no cuenta con la pendiente que tenía originalmente.

Todo esto se contrapone con lo que señala Keiser en la Consulta de Pertinencia ingresada en 2018, en la cual afirma “que la utilización de maquinaria de apoyo permitirá optimizar la tarea de recuperación del área de excavación, en forma más rápida y segura, para lograr devolver el material excavado y proceder a la compactación y nivelación del terreno, de modo que el sitio vuelva a la condición más próxima a la original”.

Otros antecedentes que entrega el informe de este año de CONAF es “que ya se han excavado más de ocho metros de profundidad y que se ha comprobado fehacientemente que el Sr. Keiser se retiró fuera de fecha, no respetando el período estipulado en la RCA (el permiso ambiental) del proyecto que comprende desde septiembre de 2019 hasta abril de 2020”. Araya asegura que CONAF le solicitó paralizar los trabajos, pero Keiser continuó. Esta falta, según el administrador del PNAJF, fue enviada al SEA y a la Superintendencia del Medio Ambiente regional (SMA) de Valparaíso, instituciones que estarían estudiando los hechos.

Keiser se defiende diciendo que CONAF trata su «proyecto como ambientalmente poco saludable sin evidencia alguna” y argumenta que “nunca se han destruido plantas o árboles”. En el último informe de actividades realizadas por el cazatesoros, este indica, además, que si su estadía se prolongó fue por causas naturales como fuertes lluvias y por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, dando aviso de estos hechos al SMA. Asimismo, recalca en el documento que tras el cierre final del área de excavación, esta fue restaurada “a una situación similar a la que se encontraba antes de su intervención”.

Elizabeth Celedón, concejala e isleña en Juan Fernández, junto al sindicato de trabajadores de CONAF Valparaíso y el diputado Diego Ibañez, interpusieron un recurso de protección, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones.

Celedón afirma que no es posible que Keiser “haga y deshaga en nuestra tierra y las autoridades lo avalen” y precisa que el problema nunca ha sido la búsqueda del tesoro, sino la manera en cómo han empezado a buscarlo este 2020. “Nosotros como habitantes estamos expectantes del hallazgo, pero esta manera agresiva de buscar el tesoro con maquinaria pesada le hace un gran daño al tema de la erosión en la isla”, recalca.

De acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, en caso de encontrarse el tesoro, la distribución sería del 75% para el Consejo de Monumentos de Chile y el 25% restante para el caza tesoros.