El Clan del Golfo, la banda criminal que amenaza la paz total en Colombia
La organziación está compuesta entre 8.000 y 9.000 integrantes y tiene presencia en 14 de los 32 departamentos del país
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es la mayor banda criminal del país y amenaza el sueño de "paz total" del Gobierno con una ola de violencia en el noroeste que llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el cese el fuego bilateral con esa organización.
"Son un grupo que tiene una naturaleza que no es política, pero eso no desconoce que tienen un ejercicio de control social territorial en vastos territorios de Colombia", así definió en una entrevista con la pasada semana el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a esta banda que nació tras la desmovilización en 2006 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este grupo tiene "gran capacidad de despliegue bélico, por eso es catalogado como grupo armado organizado por las autoridades", explica por su parte a EFE el analista Diego Alejandro Restrepo, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Se calcula que el Clan del Golfo está compuesto por entre 8.000 y 9.000 integrantes y tiene presencia en 14 de los 32 departamentos del país donde se dedica principalmente al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
Una protesta de mineros de la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, en rechazo a las operaciones militares y policiales contra la minería ilegal, desembocó en una ola de violencia instigada por el Clan del Golfo, según el Gobierno.
"Tiene negocios en los principales mercados criminales de Colombia como el narcotráfico, también de la minería criminal a gran escala, también tiene tentáculos en áreas de construcción, sectores madereros y otros negocios", así como nexos con organizaciones de otros países, añadió Restrepo.
Tras la extradición a EE.UU., en mayo del año pasado, de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", el Clan del Golfo mostró los dientes al paralizar once departamentos con acciones violentas que dejaron 24 muertos.
A pesar de esa muestra de control territorial, el Gobierno insiste en que no tienen estatus político, al contrario de otras organizaciones como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC.
Es por ello que el Gobierno no habla de acuerdo político sino de sometimiento a la justicia para este grupo, con el que ya tuvo conversaciones exploratorias que ahora quedan en vilo tras la suspensión del cese al fuego bilateral.
