Colombia abre año electoral con asesinatos y masacres

Al asesinato de nueve líderes sociales en este comienzo de año electoral en Colombia, se ha sumado una serie de masacres que muestran una escalada de la violencia, según alertaron ayer diversas organizaciones.

Una de las víctimas es Breiner Cucuñame, que tenía 14 años y quería ser guardia indígena. De hecho, cuando no atendía la escuela, patrullaba con los mayores con su pañoleta roja y verde, los colores que identifican a quienes cuidan los resguardos.

El pasado 14 de enero, miembros de la columna Jaime Martínez, uno de los múltiples grupos de disidencias de las FARC, le pegaron un tiro. Durante el ataque también murió Guillermo Chicame, otro guardia indígena, y el episodio no acabó en masacre porque miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) repelieron el ataque.

“La guardia indígena se ha caracterizado por ser la organización que defiende el territorio frente a cualquier interés que va en contra de las comunidades y es, en ese sentido, el primer eslabón que se encuentra una organización armada como la Jaime Martínez, que trata de imponer su orden y mantener el negocio del narcotráfico”, dijo Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A Breiner y a Guillermo se le sumaron el 17 de enero Luz Marina Arteaga, una líder campesina, médica y reclamante de tierras que fue desaparecida cinco días antes y cuyo cuerpo apareció a orillas del río Meta; y Mario Jonathan Palomino, profesor de escuela de 35 años, defensor ambiental, asesinado en Carmen de Viboral (Antioquia).

“El escenario muestra una degradación de la violencia que debe alertar tempranamente a toda la comunidad internacional”, aseguró Pares en un informe ayer.

Las cifras de 2021, aunque inferiores a las de 2020 en términos de asesinatos de líderes sociales (171 según Indepaz, 145 según la Defensoría del Pueblo y 78 según la ONU), siguen alertando, sobre todo en el caso de las masacres, que sí fueron superiores a las de 2020: se cometieron 96, con un total de 335 víctimas. Este año sigue la misma tendencia: en 20 días se han cometido 10 masacres, según Indepaz.

Se trata de miembros de una familia que son asesinados en mitad de una vía, como ocurrió en Ocaña (Norte de Santander) el 20 de enero, o que son sacados de su vivienda en medio de la noche para ser asesinados.

Igual que se asesina a estos líderes "para que sea más fácil para los grupos armados ejercer su control", las masacres se cometen como un tipo de "violencia que impacta en lo simbólico y que atemoriza al enemigo y a la población civil", explicó Restrepo.

Una disputa por territorio y el control

Es una forma, ya no de establecer control territorial de los grupos armados, sino de "intentar imponer normas, lógicas", añade González desde Indepaz. "La práctica de las masacres lo que quiere es dejar un escarmiento", subrayó.

Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, grupos que quedaron al margen de ese acuerdo como la guerrilla del ELN o el c (heredero de los paramilitares) comenzaron una disputa por el territorio y el control de actividades como la minería ilegal o el narcotráfico a la que se han sumado otros que se salieron del acuerdo.

Esto ha desembocado en este comienzo fatal de año, donde "no es que haya una orden a nivel nacional porque ningún grupo tiene dominio nacional", dice González, pero el terreno está abonado para que la violencia siga multiplicándose.

La respuesta del Gobierno es "una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia", como define Restrepo.

"Hemos encontrado que hay en muchos casos alianzas entre clanes políticos, grupos de seguridad privada, grupos armados que operan en los territorios y fuerza pública, que hace que quienes constituyan una amenaza para su privilegio político, sean considerados como objetivos militares y sean eliminados de forma violenta", apuntó el analista de esta organización.

Aunque estas masacres y asesinatos de las últimas dos semanas no parecen tener que ver con la violencia electoral, el observatorio de Pares sí ha contabilizado 140 víctimas de violencia electoral hasta el 16 de diciembre, 16 de ellas asesinadas.

Una disputa por territorio y el control