Colombia: el calvario de la madre de un asesinado por el Ejército

Rubiela Giraldo es la madre de un joven de 21 años asesinado por el Ejército colombiano en febrero de 2008 y uno de los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por los militares, que eran presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, a cambio de recompensas o beneficios.

Desde entonces, dice en una entrevista con EFE en Barcelona, sufre “el dolor de una mentira”. Giraldo forma parte de la asociación de madres de víctimas de ‘falsos positivos’ Mafapo y se encuentra, junto a la hermana de otra víctima asesinada también en 2008, Jacqueline Castillo, en una gira europea para denunciar la situación que viven. 

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El objetivo de ambas es transmitir un mensaje de “justicia, verdad y no repetición”, y lograr que los países visitados -España, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Austria, Italia y Suiza- pidan a Colombia que aclare los hechos. “Los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército: cómputo de cuerpos, política de incentivos -retribuciones y vacaciones a militares- y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener supuestos muertos en combate (los ‘falsos positivos’)”, explica Giraldo. 

Quince años después de perder a su hijo Diego Armando, asegura que no ha habido ninguna “audiencia” ni tampoco “archivos” sobre su caso. Jacqueline Castillo explica que no han imputado a nadie por la justicia ordinaria, ni tampoco ha tenido oportunidad de escuchar la versión de alguno de los militares involucrados en la muerte de su hermano, de 42 años. 

Los casos de ‘falsos positivos’ no están en la justicia ordinaria porque los aborda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada entre el Gobierno de Colombia y las FARC para conocer delitos, en el marco del conflicto armado, cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

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Pero no todos están siendo investigados ni tienen sentencia, por lo que una de las reivindicaciones de la asociación Mafapo es conseguir visibilizar los ‘falsos positivos’, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre todo para evitar que vuelva a ocurrir. “Si permitimos que esto se quede en el olvido, en 15 o 20 años puede volverse a repetir, es una de las tareas que nos hemos propuesto”, coinciden las dos afectadas.

En todo caso, Castillo ve positivo que el Gobierno colombiano, al menos, esté reconociendo que sí que fueron “crímenes de Estado” y que haya habido un perdón por parte del Ministerio de Defensa. Si bien ambas mujeres reconocen que han conseguido avanzar en el “conocimiento de la verdad”, admiten que se trata de una “verdad a medias” ya que no han recibido el anuncio de ninguna sanción ni condena militar, algo que exigen “como medida de reparación”.

El caso de los ‘falsos positivos’ ha cambiado la percepción sobre el Ejército colombiano: “Veía al Ejército como mi héroe porque se supone que está para cuidar la vida de los ciudadanos, pero hoy por hoy no le tengo confianza”, declara Castillo. 

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Por su parte, Giraldo se muestra incrédula e indignada de que fuesen ellos quienes asesinaran a su hijo ya que él mismo acababa de pagar la formación para ser agente policial. A día de hoy, las dos mujeres siguen “buscando que digan quién dio la orden de ejecutar todos estos crímenes que hubo en Colombia”.

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