Brasil: Siguen presos cerca de 300 implicados en los actos golpistas
La Corte Suprema ordena restituir en el cargo al gobernador de Brasilia, suspendido 90 días tras los ataques a las tres sedes del Estado
La Corte Suprema de Brasil informó este jueves 16 de marzo que, tras culminar el análisis de todos los casos, decidió mantener en prisión a 294 personas implicadas en la intentona golpista del 8 de enero pasado, cuando radicales bolsonaristas asaltaron las tres sedes del poder.
El estudio de todos los pedidos de libertad provisional solicitados fue concluido por el magistrado Alexandre de Moraes, quien este jueves también ordenó la excarcelación de otros 129 imputados, que “no representan riesgo para las investigaciones ni para la sociedad”, pero que seguirán respondiendo en libertad con medidas cautelares como el uso de tobilleras electrónicas.
El pasado 8 de enero, miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al progresista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya victoria electoral desconocen, y devolver al poder al líder ultraderechista.
Tras los hechos, las autoridades detuvieron a 2.151 personas acusadas de participar en los ataques, de los cuales 745 fueron puestos en libertad después de ser identificados, en su mayoría por razones humanitarias, pues eran mayores de 70 años, sufrían de alguna comorbilidad o eran mujeres con hijos menores de 12 años.
De acuerdo con la decisión del magistrado, de los 1.406 acusados formalmente de participar en los ataques a las sedes del poder, permanecerán tras las rejas 208 hombres y 86 mujeres.
Según el comunicado de la Corte, la decisión de conceder la libertad condicional a acusados por delitos como instigación al delito y asociación delictiva fue adoptada con el visto bueno de la Fiscalía General.
Por otro lado, la Corte Suprema de Brasil ordenó el 15 de marzo el retorno inmediato al cargo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien estaba separado de sus funciones por 90 días, por los ataques de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes del pasado 8 de enero.
