Dimite la ministra rumana salpicada por el caso de maltrato a ancianos en centros
Gabriela Firea, principal de la cartera de Familia, puso su renuncia al cargo tras el escándalo.
La ministra rumana de Familia, Gabriela Firea, dimitió este viernes, a petición del primer ministro, Marcel Ciolacu, en medio de un escándalo desatado por denuncias de grave maltrato y explotación de personas mayores y vulnerables en al menos tres residencias.
"Tuve una reunión hace unos minutos con el primer ministro, Marcel Ciolacu, en la que presenté mi renuncia como ministra de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades", escribió la política socialdemócrata en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.
De 51 años, Firea se convirtió en la segunda titular de una cartera rumana que deja el cargo en relación con el citado escándalo, después de que el jueves 13 de julio lo hiciera el ministro de Trabajo, Marius Budai, también miembro del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD).
La imagen de Firea se vio salpicada por el escándalo debido a las estrechas relaciones que mantenía con personas acusados por la Fiscalía de diversos delitos y responsabilidad en el caso.
Entre ellas está su marido, Florentin Pandeli, acusado de haber encubierto al gestor de las residencias cuando era alcalde.
En su comunicado, la ya exministra negó todas las acusaciones y rechazó categóricamente haber tenido conocimiento de los maltratos en las residencias de mayores.
Al mismo tiempo, se declaró víctima de un ataque que tendría el objetivo de impedir su candidatura a la alcaldía de Bucarest en 2024.
De momento, no parece que la Fiscalía, que lleva diez días investigando el caso, acuse a Firea de implicación ya que su ministerio no tenía ninguna responsabilidad de supervisión en este caso, mientras que sí lo tenía el de Trabajo.
Un total de 98 residentes de tres centros situados en los alrededores de Bucarest tuvieron que ser trasladados a hospitales por las autoridades, después de una amplia operación policial en la que se registraron las residencias y otros domicilios.
Según la Fiscalía, la red que operaba las residencias, subvencionadas por el Estado, había buscado únicamente su enriquecimiento a costa de las personas que estaban bajo su cuidado.
Las víctimas habían sido objeto de tratos inhumanos e indignos, y habían sido obligados a trabajar sin remuneración, al tiempo que se les privó de la atención, los alimentos y las medicinas a los que tenían derecho.
