La disputa por la tierra, el conflicto eterno colombiano
En algunos departamentos los campesinos son amenazados por paramilitares y dejan sus terrenos y sembríos. La extorsión es otro de los graves problemas
El resguardo indígena tule de Arquía, en la frontera con Panamá, es una de las pocas comunidades en Colombia que ha conseguido recuperar terrenos que el conflicto armado les arrebató. El despojo ha sido una constante en un país donde se sigue matando por la tierra.
Elirio Poyato es uno de los miembros de esta comunidad que en las últimas décadas tuvo que dejar su hogar y salir por la selva de un día para otro dejando atrás sus pertenencias.
A este hombre de casi 60 años lo amenazaron hace 24 años las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Un día me llamó un señor y me amenazaron; me dio miedo y me fui de una vez por el (río) Atrato”, relata en su casa en el resguardo, al que volvió seis meses después pero sin dos hijos que se quedaron en Panamá por miedo.
Poyato tenía una tienda al lado de la escuela, en el pueblo formado por una veintena de casas de madera y tejados de ramas, y le pedían tres millones de pesos (unos 730 dólares de hoy) de extorsión.
Con su familia de ocho hijos se marchó a Panamá que está a 1,5 kilómetros del resguardo, pero separada por el espeso y peligroso Tapón del Darién.
Los tule (también llamados cuna o gunadule) son un pueblo en extinción del que quedan unas 62.000 personas, la mayoría en Panamá y apenas dos millares en tres resguardos en el Urabá, una fértil región del noroeste de Colombia.
En Arquía, un resguardo de menos de 3.000 hectáreas, durante años las AUC impusieron su ley con el Bloque Elmer de Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, hermano del narco Daniel Rendón (Don Mario).
Por su posición estratégica en una de las fronteras más inexpugnables del mundo, los paramilitares quisieron controlar ese territorio, mataron a más de una decena de indígenas, reclutaron a jóvenes y usaron “el hambre como estrategia de exterminio cultural”, como dijo el juez Mario José Lozano en la sentencia de restitución de tierras de 2018 con la que se les reconoce como víctimas.
Los indígenas son “víctimas de riesgo de exterminio físico y cultural porque son una minoría y, en ese sentido, la pérdida de una sola persona en una comunidad indígena tiene repercusiones respecto a la continuidad de la cultura”, explica la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Sally Mahecha.
Esta sentencia ordena que se les devuelvan diez terrenos que les expropiaron que suman casi 500 hectáreas, además de ordenar que se les consulte sobre la construcción de la carretera Panamericana, la interconexión eléctrica con Panamá o que se documente la masacre de ocho indígenas en 2003 como un proceso de memoria histórica.
A las AUC las reemplazaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, es decir, los mismos paramilitares con diferente nombre que siguen imponiendo su ley; nada se mueve en ese territorio sin su aprobación.
