Dos jóvenes en huelga de hambre desafían el sistema judicial de Tailandia

Con la vida pendiente de un hilo, pero con su determinación intacta, dos jóvenes activistas acusadas de lesa majestad mantienen desde hace casi un mes una dura huelga de hambre con la que echan un intenso pulso a la justicia de Tailandia.

Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, dejaron de ingerir alimento y líquido el 18 de enero, dos días después de regresar a prisión tras renunciar a su libertad bajo fianza, en protesta por el trato “desproporcionado” que la justicia aplica contra los acusados por cargos políticos.

Ambas, imputadas por el delito de lesa majestad -penado con hasta 15 años de cárcel- por realizar en 2022 una encuesta callejera sobre los cortes de tráfico causados por la comitiva real, demandan, entre otros puntos, que se reformen las draconianas condiciones que los tribunales imponen a los activistas bajo libertad provisional.

“Su salud está deteriorándose, permanecen estables, pero los doctores advierten de que, de no poner fin pronto a su huelga de hambre, podrían llegar a un punto de no retorno y sufrir consecuencias de por vida”, asegura a EFE la abogada Kunthika Nutcharus, quien representa a Tantawan y otros activistas.

Tantawan, quien el año pasado ya dejó de ingerir alimentos por 37 días mientras estaba bajo detención preventiva, también se enfrenta a otro cargo anterior de lesa majestad por un discurso que pronunció durante un directo en la red social Facebook.

Acoso judicial contra el movimiento democrático

Las jóvenes forman parte del movimiento estudiantil que desde 2020 reclama, en algunos casos con manifestaciones masivas, una profunda reforma democrática en Tailandia, que alcanza hasta a la todopoderosa monarquía.

Con el objetivo de extinguir la corriente reformista, la justicia lanzó una implacable ofensiva judicial por la cual casi 1.900 personas -incluidos 284 menores- han sido imputadas por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas, según las cifras de la oenegé Thai Lawyers for Human Rights.

Entre los mecanismos utilizados por los jueces para acallar a los manifestantes está la aplicación de condiciones más duras para conceder la libertad provisional, como la obligatoriedad de portar un dispositivo de control en el tobillo o la prohibición de abandonar sin permiso la vivienda -excepto en caso de enfermedad-.

Tampoco se les permite participar en actos similares a los que se le imputan, ni en actividades que puedan causar malestar público o causar un daño a la Corona.

“Estas desproporcionadas y excesivas condiciones ordenadas por un tribunal han destrozado la vida de estas dos chicas por un delito relacionado con su libertad de expresión”, mantiene la abogada que compara las condiciones con el “arresto domiciliario” y las califica de “castigo y tortura”.

Ambas se hartaron de vivir así y decidieron retirar su fianza para volver el 16 de enero a la cárcel, desde donde tras comenzar su extrema huelga de hambre fueron trasladadas al Hospital de la Universidad de Thammasat, en Bangkok.

“Estaban fuera de la cárcel, pero en otra prisión. No tenían libertad real”, subraya la letrada.

Otros reclamos

Las dos jóvenes, que a principios de mes volvieron a rechazar la libertad provisional aprobada por un tribunal, también reclaman la liberación incondicional de todos los presos políticos -actualmente ocho en detención provisional- y la abolición de la ley de lesa majestad -que parapeta de toda crítica a la Casa Real de Tailandia-.

“Al tribunal no le interesa la vida de estas jóvenes, lo que le preocupa es que alguien muera bajo su tutela”, mantiene la abogada tailandesa.

La protesta iniciada por estas dos activistas ha abierto un debate político, a pocos meses de que se celebren elecciones generales, donde algunos partidos opositores reclaman sin éxito una reforma urgente del sistema judicial.

Además, desde que estas veinteañeras comenzaran su huelga de hambre al menos 34 activistas procesados con cargos políticos -como la lesa majestad o la sedición- han sido despojados de los dispositivos electrónicos de control a los que estaban sujetos, mientras que los tribunales han concedido la libertad provisional a activistas que la reclamaban desde hace meses.

“Es trágico que estas jóvenes sientan que tienen que arriesgar sus vidas para luchar por sus creencias. Independientemente de lo que se piense de sus ideas, se les debe permitir expresarlas libremente, como sucedería en un país verdaderamente democrático”, reclamó recientemente el exminitro tailandés de Exterior Kasit Piromya, miembro de la oenegé Parlamentarios de ASEAN por los Derechos Humanos.

La abogada, que visita frecuentemente a las jóvenes, ensalza el altruismo y la valentía de las activistas en huelga de hambre.

“Ellas aseguran que después de que todo esto termine y logren sus demandas, solo quieren alejarse y no hablar más de ello. No buscan ninguna fama”, remarca.