El drama del 11J en Cuba: luego de dos años hablan familiares de los presos

Anay Hernández se aferra con tristeza a su Biblia cuando lee en voz alta una carta de su hijo Adel, preso tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba y, como ella, ferviente cristiano: “Maldito el día en el que nací. Dios no está conmigo”.

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La mujer, de 55 años y con dos infartos cerebrales, acomoda la pila de misivas en la mesa de la cocina de su casa, en un barrio popular del municipio de Regla (La Habana). En ellas se puede notar cómo la esperanza de Adel de la Torre, de 27 años y menor de dos hermanos, se desvanece poco a poco al paso de los meses.

También proyectan la sensación de impotencia de este joven, condenado a siete años de cárcel por desórdenes públicos y desacato en relación a las mayores protestas que ha registrado Cuba en décadas, unas manifestaciones en su gran mayoría pacíficas y espontáneas, de las que esta semana se cumplen dos años. “Simplemente estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada”, relata su madre, quien asegura que su hijo fue detenido cuando se dirigía a la casa de la abuela. De la Torre siempre ha negado los cargos.

El joven, cuenta su madre, sufre de esquizofrenia y, antes de ser sentenciado, atendió como camillero a víctimas de la explosión por un escape de gas del hotel Saratoga, en mayo de 2022, en la que murieron 47 personas y decenas resultaron heridos.

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Él es una de las más de mil personas detenidas por las protestas, según el recuento de ONG como Prisoners Defenders y Justicia 11J. Más de 700 han sido ya condenadas, en ocasiones a penas de hasta 30 años de cárcel por el delito de sedición. El Gobierno cubano, que denunció que las protestas fueron orquestadas desde el exterior, ha insistido en que en todos los casos se ha seguido el debido proceso, pese a las denuncias de ONG y familiares en este sentido.

Marta Perdomo, de 59 años, no pudo hablar con sus hijos Nadir (38) y Jorge (39) durante sus dos primeros meses de arresto a raíz de las manifestaciones del 11J. Y no logró verlos hasta pasados cien días. Durante ocho meses, los hermanos Perdomo estuvieron en cárceles separadas (ahora están en la misma), ambas en direcciones opuestas y a decenas de kilómetros de la casa familiar, en el municipio de San José de las Lajas (occidente). “Ha sido una tortura muy grande. Es un sufrimiento que no ha acabado”.

Nadir y Jorge cumplen ahora sentencias de seis y ocho años, respectivamente, por desórdenes públicos y desacato en una cárcel a unos 30 kilómetros de la cocina en la que antes, todos los días a las cuatro de la tarde, tomaban el café con su madre.

• CONDENAS. Más de mil personas fueron detenidas por las protestas, según una ONG. De estas, 700 han sido condenadas hasta con 30 años de cárcel.

Para visitarlos, su madre ha llegado a gastar 7.000 pesos (unos 58 dólares, al cambio comercial oficial), casi el doble de un sueldo medio en Cuba. Una labor titánica para ella, que trabaja como costurera de barrio.

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Así también lo ha sufrido Ana Mary García, de 57 años, madre de Brenda Díaz, mujer trans de 29 años que cumple una sanción de 14 años y siete meses en la sección masculina de una prisión para personas con VIH por desórdenes públicos, sabotaje y desacato en relación con las protetas del 11J.

García, también costurera, vendió su máquina para poder costearse los viajes a la cárcel, casi 80 kilómetros de domicilio, en Güira de Melena (occidente).

Estos precios, disparados por la falta de combustible y la perenne crisis del transporte, calan profundo en familias que viven con sueldos por debajo de los 40 dólares mensuales.