Duque advierte que la divulgación de contratos pone en riesgo la vacunación en Colombia
El Consejo de Estado publicó "por error", información confidencial de los contratos firmados por el país con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca
El Gobierno colombiano advirtió que el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus está en riesgo luego de que el Consejo de Estado publicara, "por error", información confidencial de los contratos firmados por el país con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.
Así lo señaló el presidente colombiano, Iván Duque, luego de la divulgación de detalles confidenciales de las negociaciones del Estado con las farmacéuticas.
"No se puede descartar hoy ningún tipo de acción porque claramente se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, por eso estamos trabajando rápidamente con las farmacéuticas para evitar que esto afecte la circulación de más vacunas en el territorio colombiano», dijo el jefe de Estado a periodistas.
El mandatario expresó su preocupación por lo ocurrido y por eso dialogó con la presidenta del Consejo de Estado, la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, que también dijo que "está muy preocupada (…) porque se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas".
"ERROR INVOLUNTARIO"
Duque recalcó que la confidencialidad de los contratos con las compañías proveedoras de los sueros no obedece a una "necedad o terquedad", sino a una cláusula expuesta por estas empresas para cerrar los negocios de las vacunas con varios países.
Agregó: "esa publicación no emanó de ningún fallo. Dijeron que van a hacer las investigaciones internas necesarias para establecer qué ocurrió ahí. Hemos venido hablando con las farmacéuticas y esperamos que no venga ningún tipo de sanción contractual que nos afecte en el Plan Nacional de Vacunación"
En un comunicado, el Consejo de Estado informó este miércoles que al darle trámite a una tutela (recurso de amparo) contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se decretó como prueba el envío de la información "relevante" en el caso, entre ellos unos contratos que habían sido entregados al tribunal.
