La economía israelí siente el golpe de la reforma judicial y pide detenerla

Importantes figuras del ámbito económico, incluidos banqueros y la pujante industria de la alta tecnología que colmó hoy miércoles 1 de marzo de 2023 las calles de Tel Aviv, han puesto el grito en el cielo sobre el impacto negativo para la economía de Israel de la reforma judicial impulsada por el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.

Son decenas de miles que bajan de los relucientes rascacielos de Tel Aviv, sacan banderas y pancartas, y en cuestión de segundos pasan de ser ejemplares trabajadores de reconocidas empresas tecnológicas a manifestantes de a pie que bloquean calles y plantan cara a la Policía al grito de "Israel no es una dictadura".

La imagen se repite semana a semana desde hace más de dos meses y exhibe la creciente preocupación del corazón financiero del país por el futuro tanto del Estado como de su economía, debido a una reforma que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente debilitada.

"Esto es muy peligroso para todos nosotros y tenemos que estar juntos para protestar contra ello", dice a EFE Jonathan Hadari, diseñador de producto de una empresa de tecnología financiera, con una camiseta en la que se lee "democracia".

Este joven israelí de 34 años acudió hoy a otras masivas protestas junto a otros trabajadores del sector, que comparten su temor por la "deriva dictatorial" del nuevo Ejecutivo que creen podría impactar severamente en su sector, vital para la economía israelí, que creció un 6,5 % en 2022.

"No habrá más alta tecnología aquí, no nos vamos a quedar", anticipa antes de enfatizar que ama a su país y seguirá luchando para protegerlo.

La preocupación de Hadari y del resto de los manifestantes ya no es especulativa sino que empieza a basarse en números concretos: el shekel cayó casi un 6% durante el último mes y alcanzó su valor más bajo frente al dolar en más de tres años; el índice de referencia TA-125 de la Bolsa de Tel Aviv retrocedió un 3,5%; y cada vez más empresas están trasladando sus activos fuera del país, con una fuga de capitales que se estima en unos 4.000 millones de euros.

En Israel, que ha registrado notables índices de crecimiento desde hace más de 10 años gracias en parte a las políticas económicas de Netanyahu, la industria de la alta tecnología representa en torno al 15% del PBI y concentra más de un tercio de las exportaciones.

El combustible de ese sector son las inversiones extranjeras, que expertos anticipan podrían buscar otros destinos ante la inestabilidad política y deriva autoritaria del Estado judío.

"Los inversores no quieren invertir en un país donde el Gobierno tiene poder absoluto, sin un sistema de justicia sólido e independiente y en el que no está garantizada la protección de derechos como el derecho a la propiedad", menciona Omer Moav, profesor de economía de las universidades Warwick y Reichman y que compara el caso de Israel con el de países como Hungría, Turquía o Rusia.

"Estamos ante una situación extremadamente peligrosa. No se entiende por qué este Gobierno está dispuesto a avanzar con esta reforma y pagar un precio tan alto, poniendo al país ante un riesgo inmenso", agrega Moav, quien fue principal asesor del Ministerio de Finanzas israelí entre 2009 y 2010.

Estas advertencias han sido replicadas por múltiples economistas, académicos, empresarios y referentes de distintas industrias, y recientemente también por el presidente del Banco Central de Israel, Amir Yaron, quien expresó su preocupación a Netanyahu tras reunirse con varios inversores internacionales.

"Hay quienes están tratando de socavar la economía israelí y crear histeria por razones políticas, una histeria que no tiene nada que ver con la realidad”, respondió al respecto la semana pasada el primer ministro al defender que "la economía israelí es fuerte y seguirá fortaleciéndose".

Netanyahu, impedido de participar de la reforma por un conflicto de intereses por los actuales juicios por corrupción en su contra, incluyó esta iniciativa en los acuerdos de coalición firmados con sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos de Gobierno.

Entre los proyectos contemplados por esta reforma, que continúan avanzando en el Parlamento, está la denominada "clausula de anulación", que permitiría a una mayoría simple de diputados derogar fallos emitidos por el Supremo.

También están incluidas iniciativas que otorgarían al Gobierno control total sobre el nombramiento de los jueces del país, además de permitir que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales en los ministerios.