EE. UU. prohíbe préstamos hipotecarios a inmigrantes: impacto en el sueño americano

En un movimiento que refuerza su política migratoria restrictiva, la administración de Donald Trump eliminó los préstamos hipotecarios respaldados por la Administración Federal de la Vivienda (FHA, por su siglas en inglés) para inmigrantes sin estatus permanente en EE.UU. La medida, anunciada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su siglas en inglés), limita el acceso a estos créditos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, argumentando que es necesario "proteger el sueño americano".

La decisión ha desatado críticas entre defensores de migrantes, quienes la califican como otro intento de excluir a comunidades vulnerables de oportunidades económicas clave.

Scott Turner, secretario del HUD, defendió la política en redes sociales, afirmando que los contribuyentes no deben "subsidiar fronteras abiertas" al otorgar préstamos a quienes ingresan al país de manera irregular. Sin embargo, expertos señalan que la medida afectará no solo a indocumentados, sino también a residentes legales con visas temporales, como trabajadores especializados, estudiantes y solicitantes de asilo.

"Es un golpe a quienes buscan establecerse legalmente y contribuir a la economía", advirtió una analista de políticas migratorias, en información del The New York Post, que recoge el diario argentino La Nación.

Impacto en el mercado inmobiliario y las familias migrantes

La exclusión de los préstamos FHA—diseñados para facilitar el acceso a viviendas con bajos requisitos de entrada—podría profundizar la desigualdad en el mercado hipotecario, donde muchos inmigrantes ya enfrentan barreras. Organizaciones proinmigrantes alertan que la medida desincentivará la integración de familias que llevan años construyendo sus vidas en EE.UU. Mientras el gobierno insiste en priorizar a ciudadanos, la polémica reaviva el debate sobre qué define realmente el "sueño americano": ¿un privilegio exclusivo o un ideal inclusivo?

De esta manera, el gobierno de Trump revierte una política implementada en 2021 bajo la administración de Joe Biden. “Biden manipuló la política de la FHA para permitir que inmigrantes ilegales se aprovecharan del esfuerzo del contribuyente estadounidense al financiar una vivienda. Para quienes siguen las reglas y trabajan duro para comprar una casa, esto es inaceptable”, comentó Turner en un comunicado oficial, según recoge La Nación.

El martes 25 de marzo de 2025, el HUD notificó a prestamistas aprobados por la FHA que a partir del 25 de mayo no se considerarán elegibles a los residentes no permanentes. Jeffrey Little, secretario adjunto de Vivienda, explicó en una carta que los inmigrantes sin estatus legal estable presentan “incertidumbre en su capacidad de cumplir obligaciones financieras a largo plazo”.

De acuerdo al análisis de The New York Post, los cambios afectarán a beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), quienes fueron autorizados a acceder a estos créditos desde 2021.

Beneficiarios del DACA y solicitantes de asilo excluidos

La nueva política no solo excluye a inmigrantes sin estatus permanente, sino también a solicitantes de asilo que esperan regularizar su situación, cerrando una puerta clave para acceder a la vivienda. Sin embargo, en una ironía que debilita su argumento, el propio HUD admitió que no tiene registros precisos sobre cuántos migrantes han utilizado estos préstamos en el pasado.

Brian Little, portavoz de la agencia, reconoció que la FHA no recopila datos sobre estatus migratorio en las solicitudes, lo que deja una pregunta incómoda: ¿cómo puede justificarse una medida tan drástica sin siquiera conocer su alcance real? Para críticos, la decisión parece basarse más en narrativas políticas que en evidencias concretas, dejando en el limbo a miles de familias que, hasta ahora, habían confiado en el crédito público como su única opción para un techo propio.

Los argumentos detrás de nueva medida

La Administración Trump justificó la decisión al afirmar que priorizará el acceso de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a programas financiados con fondos públicos. Turner sostuvo que la medida responde a la promesa del presidente de “terminar con los subsidios a inmigrantes ilegales”.

Además, el HUD citó un informe del Centro de Estudios de Inmigración que indica que:

1. El 59% de los hogares de inmigrantes ilegales reciben algún tipo de asistencia del gobierno, lo que representa un costo de aproximadamente 42.000 millones de dólares.
2. Existen al menos 9 millones de personas en viviendas subvencionadas sin verificación clara de elegibilidad.
3. Además, el HUD también anunció que colaborará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para bloquear el acceso de inmigrantes ilegales a viviendas públicas. Esto forma parte de un plan más amplio para reformar el sistema de beneficios sociales y limitar el acceso a programas financiados por contribuyentes.

Lo del colchón burocrático

Mientras la nueva normativa del HUD se prepara para cerrar el grifo de los préstamos a inmigrantes, una fuente interna reveló a la cadena de televisión Telemundo un resquicio temporal: quienes ya están en proceso de compra podrían asegurar su financiación si logran obtener un número de caso con fecha anterior a la implementación de la medida.

Este "colchón burocrático" ha desatado una frenética carrera entre familias, agentes inmobiliarios y gestores de crédito, todos peleando contra el calendario en un escenario que recuerda más a la compra de boletos para un concierto agotado que a un proceso de adquisición de vivienda.

"Es una lotería administrativa donde el premio es el sueño de la casa propia", comenta un asesor hipotecario en Miami, mientras revisa con urgencia los expedientes de clientes que, literalmente, tienen horas para no quedarse fuera del sistema. La ironía es cruel: el mismo gobierno que argumenta proteger el mercado ahora crea un efecto "fiebre del oro" en su despedida a los préstamos inclusivos.

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