España: al borde del quiebre constitucional
La amnistía a los líderes catalanes que promovieron la independencia de Cataluña desde 2012 alienta cinco días consecutivos de protestas
Todo comenzó el pasado 28 de Octubre de 2023 durante el Comité Federal del PSOE, donde su Secretario General y el actual Presidente en funciones del Gobierno de España Pedro Sánchez manifestó su apoyo y defensa a la amnistía en Cataluña, con las siguientes palabras: “… en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada”.
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Para contextualizar cómo España ha llegado a discutir sobre la amnistía a los líderes catalanes que promovieron la independencia de Cataluña desde 2012, es fundamental mencionar un punto de inflexión para el independentismo, que fue el supuesto referéndum que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017 por el impulso del entonces presidente de la Generalidad Carles Puigdemont (sentenciado y prófugo de la justicia española, actualmente residente de Bruselas y Eurodiputado por Junts per Catalunya), donde adujeron que se obtuvo un 90% de apoyo al independentismo, dato que no es verificable, dado que no hubo un censo legal ni facultad para realizar tal referéndum.
Finalmente el Tribunal Constitucional declaró el referéndum como ilegal y días más tarde, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, que provocó la destitución de Puigdemont bajo el supuesto de rebelión, sedición y malversación de fondos. Estratégicamente, éste último escogió como residencia Bélgica porque en este país no existe un delito equiparable al contemplado en el derecho español respecto a la sedición, ya que se podría aplicar el principio de doble incriminación.
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Además, la justicia española en marzo 2018 procesó a otros 25 actores por rebelión y ante el riesgo de fugas masivas a otros países de la Unión Europea, el juez ordenó prisión provisional a algunos de ellos. Todo esto se desvirtuó el momento en que Pedro Sánchez llegó al poder, ya que los Abogados del Estado se pronunciaron rechazando la figura de rebelión en el marco del juicio del 1-O.
Atacan los valores constitucionales y la democracia que dicen defender y que no dejan de violentar.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 8, 2023
Unos con sus actos. Otros, con su silencio cómplice.
En el pasado ya intentaron callarnos. Ni entonces ni ahora, los intolerantes conseguirán amedrentar a un partido con 144 años… pic.twitter.com/Mfyh2xKj5y
Ahora volviendo al presente, las declaraciones de Pedro Sánchez, citadas al inicio de este análisis, han provocado polémica en los distintos grupos políticos y sociedad civil, de manera que se han generado en todo el país manifestaciones que demuestran enfáticamente el rechazo frente a la decisión unilateral del PSOE de amnistiar a los promotores de la independencia de Cataluña. Las manifestaciones han escalado al punto que cada noche se convocan frente a la sede del PSOE en Madrid y en las distintas arterias principales de otras ciudades españolas. Ya se han producido enfrentamientos entre civiles y la policía, lo cual preocupa a los partidos políticos de la oposición respecto al derecho a la protesta pacífica.
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Leer másLa razón por la que Pedro Sánchez ha incorporado esta decisión en su discurso político es porque necesita de los votos de los diputados de Junts per Catalunya para lograr su investidura y la amnistía es el pilar fundamental por el que el partido de Puigdemont le daría su apoyo. A pesar de esto, las negociaciones continúan a puertas cerradas en Bruselas y este jueves 9 de noviembre del 2023 anunciarán los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts, que permitirán que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa por 4 años más.
Lo preocupante es que la amnistía supondría una ruptura a la unidad nacional y al orden constitucional con el auspicio del Gobierno de España. Ya se está trabajando desde Moncloa en una ley de amnistía, donde además de condonar a los golpistas, se destruiría el Estado de Derecho, se degeneraría el imperio de la ley y España se condenaría a retroceder en el tiempo, para convertirse en un Estado que poco a poco perdería su calidad democrática.
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