España: Gobierno rechaza cambiar la ley de extranjería por decreto
Tras votación fallida en el Congreso, Gobierno no acepta esa vía. Reforma busca el reparto de inmigrantes en las regiones
El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechaza la vía del decreto para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, cuya toma en consideración fracasó el pasado martes en el Congreso español, porque, en su opinión, sería "la crónica de una muerte anunciada".
Así lo señaló el ministro en una entrevista con la Agencia EFE en la que repasó el "complicado" horizonte que se abre tras el intento frustrado de empezar a tramitar la reforma del artículo 35 de la ley para establecer una acogida de inmigrantes vinculante entre todas las regiones españolas y aliviar así los recursos de zonas tensionadas.
La citada reforma pretendía solventar el problema de las islas atlánticas de Canarias, que soportan la mayor parte de los inmigrantes llegados a España en embarcaciones precarias desde la costa noroeste de África, muchos de ellos menores, mientras que Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte de África, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en ese continente.
España recibió en la primera mitad del año más de 26.500 inmigrantes irregulares, casi el doble que el año pasado, de los que cerca del 75 por ciento llegaron a Canarias.
UN MECANISMO A LA DERIVA
La iniciativa del Gobierno rechazada pretendía establecer un mecanismo que para derivar a otras regiones españolas, en un año, a unos 2.500 jóvenes que actualmente Canarias acoge pero que no puede atender correctamente.
Tras perder la votación, Torres niega poder dar una respuesta ante esta incertidumbre "a unas horas" de que haya decaído la que, para él, sigue siendo la única solución viable: modificar la norma a través de una proposición de ley.
Pero sí tiene claro que no es viable la opción de aprobarla a través de un real decreto, como exige el Gobierno de Canarias, ya que, explica, éste habría que convalidarlo igualmente 30 días después en el Congreso y, según lo vivido estas últimas semanas, le parece "imposible" porque no ve "voluntad de negociación" en el principal partido de la oposición, los conservadores del PP.
(Los invitamos también a leer: España: Acuerdo entre socialistas y conservadores permite renovar el Poder Judicial)
Además, esta vía, en su opinión, daría "inseguridad jurídica" a los niños que en ese mes se hubieran desplazado si después el decreto no es convalidado, que quedarían "en un limbo jurídico".
OCHO MESES DE TRABAJO
El Congreso rechazó la toma en consideración de esta reforma con el no de los ultraderechistas de Vox, que ya lo había anunciado como inamovible; de los independentistas catalanes de Junts, que pidieron condiciones inasumibles para el Gobierno, y el PP, con el que hubo intercambio de documentos hasta el último momento pero con el que finalmente no hubo acuerdo.
Al analizar lo ocurrido hasta unas horas antes de la votación, el ministro tiene claro que el Gobierno hizo "todo el esfuerzo" posible, que empezó con ocho meses de trabajo "leal" con el Gobierno de Canarias, alejado de "polémicas".
Meses que acabaron con el intercambio de hasta cuatro documentos con el los conservadores y la aceptación de media decena de las propuestas que habían planteado los populares.
Por ello, no ve espacio para la autocrítica, ya que su labor "no ha sido fácil", y da por cumplido el compromiso firmado con Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez, que pasaba por impulsar una reforma de estas características.
Lamenta que el PP haya "dado la espalda" a comunidades en las que gobierna y que más necesitan una solución -Canarias, Ceuta y Melilla- y negado a todos la posibilidad de "empezar a hablar" sobre la propuesta.
(También les puede interesar: El calvario de migrantes para homologar sus títulos profesionales en España)
Al ver el resultado de la votación y constatar que no se había conseguido llegar a un acuerdo en un asunto tan sensible como éste, Torres reconoce que sintió "profunda tristeza" porque, para él, "no era esperable", pero lo tiene claro: "Los responsables son los que impiden el trámite parlamentario". Lo más "penoso" es saber que ahora hay en Canarias, Ceuta y Melilla una "desazón importante" entre las organizaciones que trabajan con los jóvenes tutelados, porque "no pueden más", y entre los que defienden los derechos de los niños y niñas, quienes recuerda, son las verdaderas víctimas del fracaso de ayer.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
