Perú: La FIDH entrega al fiscal de la CPI "pruebas" de crímenes de lesa humanidad
Piden abrir una investigación por los 49 asesinatos ocurridos durante las protestas de 2022 y 2023
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) compartió este martes con la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) documentos con "pruebas" de presuntos “crímenes de lesa humanidad” en Perú con el “asesinato” de 49 personas durante la represión de las protestas antigubernamentales entre 2022 y 2023.
La FIDH presentó, junto a su miembro local, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Perú (APRODEH), lo que se conoce como “comunicación”, información sobre lo que se cree que representa algún crimen grave bajo jurisdicción de la CPI (crimen de guerra, de lesa humanidad o genocidio), y que aparentemente la Justicia nacional no ha perseguido de forma justa.
En este caso, representantes de ambas ONG se han reunido hoy con miembros de la oficina del fiscal de la CPI para compartir lo que consideran “evidencias” de crímenes de lesa humanidad: asesinatos e intentos de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
También hablaron de lo que consideran “creciente autoritarismo, la corrupción endémica y la captura de las instituciones” en el Perú de la presidenta Dina Boluarte.
Detallaron “el ataque sistemático” al que se sometió a los manifestantes y el uso de “violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente contra de hombres jóvenes e indígenas”.
“Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses”, alertaron.
Debido a esto, ambas organizaciones instaron al fiscal de la CPI, Karim Khan, a “abrir” una investigación sobre la situación en Perú en el periodo informado y desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Individuos, organizaciones y gobiernos pueden enviar comunicaciones a la fiscalía de la CPI, lo que se puede hacer de forma telemática, y esto podría incluir documentos que puedan apoyar investigaciones ya abiertas, o pruebas de presuntos crímenes que la CPI no está investigando, pero eso no supone la apertura automática ni obligatoria de una investigación.
En general, son los países miembros del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la CPI) o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quienes refieren los crímenes al fiscal.
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