La Fiscal general de Perú será sometida a un proceso disciplinario
El Congreso también reacciona y la cita para que declare este jueves 30 de noviembre de 2023
La fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, será sometida a un proceso disciplinario inmediato por parte del máximo órgano de gobierno de la judicatura peruana, la Junta Nacional de Justicia, debido a las investigaciones por supuesto tráfico de influencias contra su entorno más cercano.
Después de 24 horas en sesión permanente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú informó que este tipo de procedimientos se abren a jueces o fiscales cuando “existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular”, según un comunicado compartido en la red social X, donde aclaró que ya han notificado a Benavides el inicio del proceso.
Paralelamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a Patricia Benavides, para que declare este jueves 30 de noviembre de 2023 sobre su “presunta vinculación a una organización criminal” dedicada al tráfico de influencias y de la que supuestamente se beneficiaron varios parlamentarios.
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Dicha comisión convocó a Benavides para que responda en una sesión extraordinaria sobre la “presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción” en el caso ‘Operación Valquiria’.
En cuanto a la JNJ, esta aclaró que el procedimiento disciplinario inmediato se sigue a un juez o fiscal por la comisión de una falta disciplinaria “muy grave”, detectada en el momento en que se está ejecutando. Añadió que actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, “garantizando el debido proceso y cautelando el interés público”.
El caso que afecta a Benavides lo inició el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía al realizar detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal en la alta dirección del Ministerio Público.
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Esa organización presuntamente buscaba influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Apenas conocida la investigación, Benavides destituyó a la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, y luego aseguró que las investigaciones son “un acto torpe” para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
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