Fiscalía confirma archivo de investigación a Dina Boluarte por delito de genocidio
La organización Amnistía Internacional señaló a Boluarte como responsable penal de las muertes ocurridas en las protestas
La Fiscalía de Perú confirmó el archivo de la investigación por genocidio abierta contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, a raíz de los muertos en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023, informó este 30 de julio el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
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El primer ministro compartió en su cuenta personal de la red social X el documento de la Fiscalía en el cual declara "no haber mérito" para formular denuncia constitucional contra la mandataria y varios de sus exministros por el delito de genocidio.
Sin embargo, Boluarte sigue siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves por los mismos hechos en las protestas, que dejaron al menos 50 fallecidos en enfrentamientos directos con la Policía Nacional y las fuerzas armadas. Adrianzén comentó que "poco a poco la justicia se abre paso" y añadió que "esta denuncia (por genocidio) fue siempre un despropósito".
En primera instancia archivaron la denuncia
En mayo pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso había archivado la denuncia por genocidio contra Boluarte, así como una segunda por falsedad ideológica y genérica, lo cual truncó la posibilidad de que se convierta en una acusación constitucional contra la mandataria.
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Las denuncias constitucionales, como en este caso, son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
A mediados de julio, la organización Amnistía Internacional señaló a Boluarte como responsable penal de las muertes ocurridas en las protestas, según las evidencias recogidas en un informe presentado en Lima.
"Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales", afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
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El informe señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y "minimizó su papel en la represión estatal", se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, "o que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno".
Posteriormente, Adrianzén rechazó que el informe de AI pretenda atribuir una responsabilidad mediata de la mandataria y señaló que ratifica el "sesgo político" de otro documento que mencionó el "racismo letal" en la respuesta de las fuerzas del orden.
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