Gobierno chileno dice tener pistas para dar con autores del asesinato de policías
Patrulla militarizada Carabineros fue ataca en una conflictiva región del sur del país
La ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, confirmo este lunes 29 de abril de 2024 que hay "pistas" para dar con los autores del triple asesinato de policías ocurrido el sábado en el sur de Chile, y que ningún grupo ha reivindicado.
“Sí, hay pistas. Hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco. A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartándolas, explorando, a ver si dan resultados o no”, respondió la ministra tras ser consultada por las diligencias del Ministerio Público en entrevista con Radio Pauta.
Además, la secretaria de Estado explicó el carácter de la ayuda internacional que han solicitado para esclarecer este hecho criminal, relacionada específicamente al ámbito técnico.
“Nosotros en el terreno no tenemos debilidades, lo que hemos considerado son ayudas de tipo técnico, especialmente satelital, para ver los movimientos que hubo esa noche. Ese es el tipo de ayuda externa que se ha pensado”, señaló.
Durante el día domingo, el Gobierno anunció la presentación de una querella criminal contra todos quienes resulten responsables, contemplando los delitos de homicidio contra Carabineros, violación de la Ley de Armas y por pertenencia a una organización criminal.
El ataque contra los tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital en la región del Biobío, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro.
Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.
En la zona ha habido también en los dos últimos años un importante crecimiento del crimen organizado y de la presencia de Compañías Militares Privadas de Seguridad, que han complicado la situación de seguridad y el propio conflicto.
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